Los consejeros del organismo definirán la destitución o la absolución del juez suspendido.

La Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, pidió la destitución y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de Bernardi, tras considerar que los hechos de la acusación fueron acreditados. 

A Bernardi se le adjudica haber dado protección extrajudicial a Julio Antueque, a quien empleó para trabajar en su chacra, generando así un hecho incompatible con su cargo, en tanto éste se encontraba cumpliendo una “condena en suspenso por amenazas”.

La Procuración también acreditó que el suspendido camarista “intervino de modo deliberado en el trámite de la causa contra Antueque, cuando ésta ya le correspondía a otro magistrado”.

Además, el camarista también está procesado en una causa por presuntos hechos de corrupción de menores y suspendido preventivamente de sus funciones como vocal de la Cámara Criminal de Viedma.