La primera cuestión pasará por determinar cómo han de ser integrados los jurados encargados de evaluar la prueba de oposición escrita. Los consejeros deberán fijar cuáles requisitos demandarán a los académicos, magistrados y abogados que los formarán. Para extremar la imparcialidad en la corrección de los exámenes, discutirán si se exigirá (y en qué proporción) que los evaluadores provengan de otras provincias. Aunque la legisladora justicialista Carolina Vargas Aignasse, vicepresidente del CAM, sugirió que todos sean de afuera, Antonio Gandur, presidente del órgano, es partidario de que se establezca algún mecanismo que asegure que, al menos uno de los tres que participarán en cada concurso, sea de otra jurisdicción. También debe acordarse si el cargo será ad honorem o si les pagarán honorarios, además de viáticos.

Otro tema es el relacionado con si los integrantes del CAM, como proponen los representantes de los magistrados, fijarán los criterios de evaluación genéricos a los que deberá sujetarse el jurado que intervenga en cada concurso. A esta iniciativa se opone Gandur por considerar que atenta contra la transparencia y la libertad de los evaluadores de establecer los temas y de corregir los exámenes.

Otra disputa podría suscitar la convocatoria a concursos múltiples cuando en un mismo fuero e instancia haya más de una vacante. Por razones de celeridad y dada la cantidad de despachos acéfalos, Gandur y los representantes de los jueces son partidarios de que por medio de una única selección sean cubiertos todos los cargos.