El miércoles, el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) sesionará con un gran desafío: mostrar al momento de reglamentar los concursos de oposición y antecedentes para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial la misma celeridad y predisposición al consenso que la exhibida para definir rápidamente, en apenas dos reuniones, el funcionamiento del cuerpo.

Los consejeros comenzarán a debatir todo lo relacionado con la primera parte de un proceso de selección: formación de jurados para evaluar la prueba de oposición escrita; celebración de concursos múltiples para acelerar la cobertura de los numerosos cargos acéfalos (suman 39 en la actualidad); requisitos del llamado a concurso (publicidad, difusión, plazos para la inscripción y presentación de solicitudes); documentación que deberán acreditar los interesados; publicación del listado de inscriptos para que la ciudadanía pueda eventualmente impugnarlos; posibilidad de que los aspirantes recusen a los miembros del CAM o excusación de estos, etcétera.

En un segundo momento, tendrán que avanzar con las garantías que deberán rodear a la prueba de oposición para asegurar la transparencia en su corrección, así como con otro tema que promete ser complejo: la determinación de la tabla de puntajes que se asignará a los concursantes por sus antecedentes (profesionales, académicos y posgrados).

El debate girará alrededor de la conformación de los jurados evaluadores y de las atribuciones que estos tendrán. Respecto de lo primero, hay que fijar qué requisitos se les exigirá a los académicos, magistrados y abogados que los integrarán. En el caso de los docentes, el presidente del CAM, Antonio Gandur, propone que sean profesores titulares, asociados y adjuntos, eméritos o consultos que, a su vez, hayan sido designados mediante concursos públicos.

El estamento de los jueces sugiere que los letrados acrediten 15 años de antigüedad (como mínimo) en el ejercicio de la profesión y que los magistrados sean fiscales o vocales de Cámara, a lo que se opone Gandur por considerar que discrimina a los de primera instancia.