El gobernador Francisco Pérez y el vice, Carlos Ciurca, -que mañana se reintegra a la actividad- se reunirán en las próximas horas para establecer el borrador de una agenda política que prevé una próxima reunión ampliada con la presencia de los representantes de las tres líneas internas del justicialismo (Azules, Corriente e Integración), una posterior convocatoria al congreso partidario provincial y -finalmente- una definición de los cronogramas electorales del PJ y de la Provincia. Durante todas las vacaciones "han existido contactos telefónicos periódicos entre ambos", aseguran en la Legislatura provincial.

El Ejecutivo deberá decidir en qué fecha se votará aquí para cargos provinciales y municipales, con chance creciente de que se repita la fecha nacional del 27 de octubre y posibilidades decrecientes para un desdoblamiento. Aun en este último caso las elecciones provinciales deberían producirse antes de las primarias nacionales del 11 de agosto o después de las generales del 27 de octubre, no más allá del 31 de marzo de 2014.

El Gobernador deberá decidir también si en su convocatoria incorporará a los jóvenes de 16 y 17 años a la elección provincial (menos probable) o si se decide por los padrones tradicionales desde los 18 años (más posible). Y -aunque carezca de una ley reciente de declaración de necesidad de la reforma constitucional- deberá definir si convoca o no a la elección de convencionales constituyentes. en los próximos comicios.

Sean cuales fueren las decisiones finales, en el Gobierno ya se resolvió volver a la carga con el proceso de reforma constitucional. Se evalúa considerar válido el proceso convocado por el ex gobernador Roberto Iglesias en 2001, en el que el "Sí" a la reforma triunfó por el 58% de los votos emitidos contra el 41% del "No", siempre y cuando se consideren a los "electores" como "votantes" y no como "empadronados". Una decisión de este calibre entraría en franca colisión con el criterio que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en 1990 (que "elector" significa "empadronado").

Esta postura del Máximo Tribunal condenó al fracaso a las iniciativas reformistas (salvo las enmiendas de un solo artículo) de los últimos 22 años. En esa interpretación de la Suprema Corte, el plebiscito de 2001 arrojó un resultado aplastante a favor del "No" ya que sumó a la negativa (41% de los votos emitidos) el 27% de los votos en blanco, el 7% de los anulados y aún el 23% del ausentismo. En el ámbito político mendocino (tanto en oficialistas como en opositores) se reflota cíclicamente la posibilidad de consultar a la Suprema Corte de Justicia (con su actual composición) con la intención de que se reinterprete el término "elector" igualándolo al de "votante" ya que "ésta es otra Corte".

Misión imposible

Si Pérez aspira a avanzar en su modificación de la Constitución a través de una declaración de la necesidad de la reforma, debería conseguir en la Legislatura una mayoría de 26 senadores y 32 diputados. Hoy está lejos de esto ya que cuenta con 19 senadores y 21 diputados y enfrenta la terminante negativa de la UCR y el PD.

Esto significa que en la próxima elección no sólo tendría que renovar las bancas que el oficialismo pone en juego (9 en Senadores y 8 en Diputados) sino que debería agregar 6 nuevos lugares en la Cámara alta y ¡11! en la Baja. Para que algo así se pudiera dar sería necesario un escenario de imposible cumplimiento: debería conseguir el 70% de los votos para senadores (con una ventaja no menor a los 55 puntos sobre el segundo) y el 75% de los sufragios para diputados (con una ventaja de 60 puntos sobre el segundo).

Una exigencia de este calibre parece imposible de alcanzar ni siquiera sumando al justicialismo votos de otras fuerzas afines. La próxima elección enfrentará a reformistas de diferentes propuestas (Frente para la Victoria, radicalismo viti-iglesista y Frente Amplio Progresista) contra antirreformistas actuales o permanentes (UCR, PD y Peronismo Federal). La historia de las elecciones legislativas mendocinas de este siglo muestran que el PJ (o el FpV) perdió dos (2009 y 2005) y ganó una (2001). En ninguna de las tres alcanzó el 30% de los votos.

Por lo tanto, para el oficialismo es una tentación la de reflotar el "proceso Iglesias" de "reforma inconclusa" a la Carta Magna con vistas a "completarlo". Con todo el ruido político y los planteos jurídicos que una decisión así provocaría, para el oficialismo es la posibilidad de "saltar" todas las imposibilidades y encontrarse de una vez con un escenario más "amable", con cualquier resultado electoral.

Es que en toda elección de convencionales constituyentes se eligen 86 lugares y cualquier partido que gane la elección con el 35% de los votos se quedará con 31 convencionales mientras el segundo con 30% colocará 26 y el tercero con 15% ubicará a 13. El oficialismo aspira a establecer alianzas con fuerzas reformistas en un tipo de elección que -por su amplitud- permitiría que aún un partido ubicado en el octavo puesto con el 1,2% de los votos podría llegar a colocar un representante. Sería una muy polémica forma de "resolver" imposibles.