La Defensoría del Pueblo del Chaco, en su segundo informe anual presentado a la Legislatura, dio cuenta del trabajo realizado en cada una de las áreas del organismo de carácter constitucional y en la que se evidencia un notable incremento en las actuaciones e intervenciones llevadas adelantes por el defensor Gustavo Corregido. Allí, se detallan las visitas a casi todas las ciudades del interior y sus parajes aledaños, permitiendo de esta manera accionar ante los reclamos de la población, tarea que se efectúa con mucho esfuerzo por la reducida estructura de personal con la que cuenta.

En este segundo informe que abarca desde abril de 2013 al mismo mes de este año, la Defensoría realizó 1.356 trámites entre actuaciones simples y expedientes, a las que se suman 571 consultas a las áreas legales, lo que marca el nivel de trabajo del Instituto con una plantilla total de trabajadores que no supera las 20 personas, entre profesionales y personal administrativo.

A modo de estadística se puede decir que en los 365 días del año que abarca el período de análisis, la Defensoría del Pueblo atendió diariamente cinco reclamos.

Esta presentación muestra a modo de balance la propia actividad de la Defensoría y los resultados del control ejercido sobre las distintas administraciones. La obligación de informar a la Legislatura de la provincia la prescribe la ley de creación del Instituto del Defensor del Pueblo. Es así que Corregido recuerda la importancia de los informes porque «es una característica esencial de todo sistema democrático que los diversos gestores de lo público den cuenta de su actuación, respondiendo de ella ante quienes le han otorgado el mandato o encomendado el ejercicio de la función».

La posicion

«La institución no ha sido ni complaciente ni connivente con el poder en cualquiera de sus expresiones, habiendo actuado con prudencia y firmeza al mismo tiempo cuando las circunstancias así lo exigían», expresó Corregido.

Asimismo indicó que con el trabajo que se realiza se busca mejorar la cantidad y calidad de los servicios, «lo que se traducirá en más controles, más trabajo y seguramente una mejor administración», sintetizó.

Durante el último año, la Defensoría comenzó a incorporar las redes sociales como una vía más para llegar a la comunidad y también para que a través de ella se puedan acercar reclamos, además de los que se pueden hacer a través de la página web.

El objetivo es acercar nuevas herramientas para que la población haga sus reclamos, a partir de que no todos tienen la posibilidad de llegar a las oficinas de Salta 365 en Resistencia. De esta manera, además de la comunicación telefónica o el correo electrónico, las nuevas tecnologías sirvieron para ponerse en contacto, como ser la fan page de Facebook o la cuenta de Twitter, permitiendo que los vecinos canalicen inquietudes.

El mecanismo de reclamo informal instituido por la ley de creación del defensor del pueblo sirvió para que la gente pudiera conectarse con los medios que tuviera a su alcance y así poder iniciar su trámite.

Los reclamos

El campo de acción del Instituto del defensor del pueblo permite identificar un tema sobre el que recaiga la mayor cantidad de reclamos y la diversidad de las cuestiones que se atienden representa una radiografía de los requerimientos de la sociedad en la provincia.

Como promotor de la participación popular, Corregido ha iniciado gestiones de oficio para que los vecinos de Resistencia y del área metropolitana en general puedan participar al momento de la toma de algunas decisiones. Sin dudas la más trascendental fue la que debió dirimirse en los tribunales y está vinculada al precio del transporte público de pasajeros. Se trata de una acción administrativa iniciada por el organismo intentando que las áreas responsables, la Municipalidad de Resistencia y la Subsecretaría de Transporte del Chaco, permitieran la opinión de la gente en audiencia pública, a fin de transparentar la resolución y exponiendo las autoridades los mecanismos para la definición de los costos del servicio.

Lo mismo ocurrió con la tarifa de energía eléctrica, donde Secheep debió responder ante la comunidad sobre los alcances del aumento que había aplicado y que finalmente se retrocedió por una decisión gubernamental.