A través de una recomendación, la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, solicitó al Departamento Ejecutivo que contrate un servicio de emergencias que cubra la denominada Zona III, que se extiende desde el Faro hasta el límite del Partido de General Pueyrredon.
En declaraciones a FM Residencias, Felices aseguró que se trata de un reclamo de hace tres años pero que aún no fue solucionado por el gobierno municipal. “En el año 2009 recibí una denuncia de los vecinos del sur, entre el Faro y Miramar, porque la atención de la ambulancia no existía o tardaba mucho al ser requerida”, recordó. Según dijo, en aquella oportunidad, se le explicó que para el servicio de emergencias se había dividido la ciudad entre zonas, “dos a cargo el municipio y la III, a cargo de la provincia de Buenos Aires”. “En ese marco -agregó-, planteé que de esto debía hacerse cargo la municipalidad, y lo demás era un tema interno entre Provincia y municipio porque a la gente, cuando está en riesgo la salud de una persona, no le interesaba en cuántas zonas está dividida la ciudad, sino que asistan al paciente”. Finalmente, señaló Felices, el secretario de Salud de la Comuna le garantizó que “estaba avanzado el pase o la absorción de la zona”, para lo cual, el gobierno bonaerense iba a aportar un dinero de su presupuesto para ayudar a esta contratación”. Inclusive, remarcó que en la ocasión propuso que se tomara parte de los fondos “de la Sobretasa de Salud o, de lo contrario, se subvencionara ese gasto con el dinero que se enviaba para Educación”. Sin embargo, a la luz de los últimos episodios acontecidos -días atrás, después de agonizar durante 20 minutos a la espera de una ambulancia, una mujer falleció en la calle- la funcionaria consideró que “nadie de hizo cargo nunca” de este tema. “Yo me había quedado tranquila porque avisé en el año 2009 lo que estaba pasando y hasta propuse cómo solucionarlo, pero es evidente que nadie se ocupó de hacer algo. Cuando la Defensoría del Pueblo trabaja, no la tienen o no quieren tenerla en cuenta”, cuestionó. En consecuencia, confirmó que decidió “desarchivar” el expediente iniciado en 2009 y abrir otro de oficio para que sea evaluado por la comisión de Desarrollo Social y Salud Público del Concejo Deliberante. “Me indignan estas cosas porque estamos hablando de seres humanos con una situación económica difícil y que viven en las zonas más alejadas. No se puede esperar con estas cosas”, enfatizó.

Comentá la nota