Los últimos acontecimientos registrados en proximidades del corte de la ruta 86 en los que un grupo de personas instigados y encabezados por el referente indígena Felix Día, incurrió en actos como la violación de alambrados perimetrales e ingresó en propiedad que él mismo reconoció como perteneciente a históricos pobladores lindantes con la Colonia La Primavera y que, actualmente, pretenden sumar a la misma, lo cual fue causa de agresiones a los efectivos policiales presentes en el lugar y desencadenó una reacción por parte del propietario de las tierras quién efectuó un disparo al aire al ver amenazada su integridad física.

Indica a las claras una escalada de violencia en el conflicto desencadenado a partir de que un reducido número de pobladores originarios, residentes de la Colonia La Primavera, debido a la citada disputa, hace más de tres meses, cortara la ruta 86, dejando aisladas a decenas de miles de familias del centro oeste de la Provincia , so pretexto de salvaguardar sus derechos sobre las tierras en disputa. Más adelante, al mediar una orden judicial que ordenó la medida de no innovar y viendo que no existían justificativos para la ocupación de la ruta, el fundamento para mantener la violenta ocupación, mutó a ciertas exigencias hacia el Estado.

La Defensoría del Pueblo, considerando que nadie puede estar sobre la ley, mantiene una postura histórica, contra los llamados “ piquetes ” en la necesidad de privilegiar el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes de la Nación , que dan el lugar para la protesta y el derecho a peticionar a las autoridades, dentro de los carriles institucionales previstos para que la mismas se expresen, pero de ninguna manera permiten la violación de derechos constitucionales y legales de los ciudadanos como medida de presión para la obtención de ningún tipo de beneficios, pues ello implicaría la negación del orden jurídico establecido lo cual justificaría el retorno a la sociedad anárquica y de extrema violencia que reinaba en los albores de nuestra historia y que implicó un inmenso retroceso en el camino del desarrollo de nuestro pueblo como nación políticamente organizada y, por sobre todas las cosas, socialmente armónica.

Todos y cada uno de los habitantes del Estado nos encontramos en igualdad de derechos frente a la Constitución y a las leyes, afirmó el Defensor del Pueblo de la Provincia , José Leonardo Gialluca, es por ello que instamos a los responsables del corte de la ruta 86 a que tengan en cuenta que son tan iguales, como cualquiera, ante las leyes de la nación y que, más allá de su derecho a protestar y a la atención del Estado en las cuestiones que son sustancia de dicha protesta, potestades que, entendemos, se hallan debidamente aseguradas; consideren que la interrupción violenta de una vía pública transitable es un delito, como lo es la violación a una orden judicial de no innovar respecto de determinada situación.

Finalmente el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, afirmó que: “ Los responsables de hacer cumplir las Constitución y las Leyes no deben dudar en adoptar cuantas medidas sean necesarias para reestablecer el orden público afectado, tanto por el corte de la 86, como por cualquier acto violatorio de la Constitución y las leyes, siendo preciso, para que la igualdad ante la ley prevista en nuestra carta magna no sea un mero ideal, que la misma se defienda mediante acciones concretas.”