... denominado GTE – Fr. Proa 2, en el extremo oeste de la Provincia. La normativa provincial vigente en materia ambiental Ley 1060, y el decreto 577/98, establecen la necesidad de la realización de la audiencia pública para todo proyecto de las características del señalado, así como el procedimiento para realizar el acto.

El emprendimiento, encarado por el Estado Provincial, por intermedio de la compañía energética local Recursos Energéticos Formosa S.A. (REFSA) y la canadiense Gran Tierra Energy, tiene por finalidad la apertura de una excavación, en la zona conocida como El Surubí, a una profundidad cercana a los 4 mil metros de profundidad, con el objetivo de hallar un reservorio de petróleo crudo para su extracción y comercialización.

La compañía extranjera, forma parte del consorcio de empresas que explotan Palmar Largo y el Proa 1, ambos con resultados satisfactorios, siendo su finalidad la ampliación del horizonte de producción de crudo en nuestro territorio.

Interés fundamental

Sobre este particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expresó, el interés fundamental de la Defensoría, obviamente se centra en la tutela al medio ambiente, tengamos en cuenta que, si bien el área de influencia del proyecto, ubicado a la altura de El Surubí, es objeto de trabajos similares, nos referimos a extracción de petróleo; no debe perderse de vista que éste, es un nuevo emprendimiento y, por ello, las responsables del mismo, deberán dotar a la comunidad de las garantías que aseguren el mínimo impacto ambiental negativo posible y en su caso las medidas correctivas y de mitigación que todo tipo de contingencia amerite.

Es por eso que vamos a realizar algunas propuestas, encaminadas a minimizar la incidencia negativa de las obras y maximizar la prevención de desequilibrios en lo atinente al manejo de los recursos naturales en la zona de influencia de los trabajos, así como la participación de los diversos sectores socioeconómicos formoseños directa o indirectamente ligados o afectados por las obras, especialmente los pueblos originarios, verificar la legalidad del procedimiento de audiencia pública y, obviamente, el cumplimiento de las normas nacionales y provinciales establecidas en tutela de medio ambiente, particularmente en lo que respecta a proyectos de la envergadura de una perforación petrolera.-”