Hace ya un tiempo la Defensora luego de realizar un relevamiento en las cárceles rionegrinas alertó sobre las condiciones laborales y los riesgos de los trabajadores de los establecimientos penitenciarios. En esa oportunidad manifestó “que no poseen adecuado equipamiento de seguridad: no hay chalecos ni escudos protectores antifacas y existe una insuficiencia de cascos, municiones, esposas, etc”.

También había expresado en ese momento que existían “deficiencias en los sistemas de comunicación, tanto los que se utilizan para contacto interno (elemental para la seguridad del penal) como las líneas fijas, para que los internos puedan comunicarse con los familiares y de esa manera erradicar los celulares”.

Lo sucedido hoy en la cárcel de Cipolletti, confirma esa situación y exige una urgente solución por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad de la provincia, que debe generar las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Definió la Defensora del Pueblo como “correctas” las apreciaciones de los trabajadores penitenciarios, cuando manifiestan que “a ellos también se le deben respetar los derechos humanos y las garantías individuales”.

Finalmente expresó que “el trabajo de los guardia-cárceles conlleva un alto riesgo y no pueden desarrollar su actividad sin los elementos necesarios e indispensables para resguardar su integridad física”.