El objetivo es que el futuro defensor tenga "mayor independencia y autonomía funcional" y "no sea condicionado por los avatares de la política". También prevé la incorporación de dos adjuntos al cargo titular, uno de los cuales tiene que ser mujer.

Según la ley 4190, sancionada en 1995, un año después de que la reforma constitucional le diera a la Legislatura la facultad de crear el cargo, el Defensor del Pueblo podrá "peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la provincia". Si la ley se reglamentara con el texto actual, dos tercios de los diputados provinciales tendrían que votar a un candidato para que ejerza el cargo durante 4 años.

Vallejos propone modificar los artículos 4º y 5º de la ley, y agregar un año más al mandato del Defensor, llevándolo a cinco, aunque "sin reelección inmediata". Además agrega un ítem polémico: que la designación se lleve a cabo por Resolución de la Cámara de Diputados y no por ley, para que el nombramiento no corra el riesgo de ser vetado por el Ejecutivo.

También agrega dos cargos adjuntos al personal auxiliar, para el caso de que el titular tuviera que cesar en el suyo por cualquier causa. Uno de ellos deberá ser ocupado obligatoriamente por una mujer.

Vallejos insiste en la necesidad de que la ley 4190 sea reglamentada, "en estos momentos en que la ciudadanía se siente en estado de desprotección por lo que viene ocurriendo con la luz y el agua, por ejemplo".