El pedido de Sella es para que la Justicia reconozca su legitimidad para opinar en la causa, abierta tras el recurso de amparo presentado por la defensora oficial Nº 4, Natalia Buira.

Tras disponer la falta de legitimación de la defensora para actuar en la causa, D´Jallad decidió derivarla a la asesora general de Incapaces en la Provincia, Mirta Lapad, quien desde diciembre venía trabajando con la Secretaría de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones en el traslado de los pacientes de la Colonia Lozano al Hospital Ragone.

Sella indicó que los hechos narrados en el amparo presentado por Buira, la prueba documental acompañada, y otros elementos probatorios "ponen de manifiesto el indebido trato y asistencia que reciben las personas que se encuentran internadas en el Hospital Ragone y Colonia Lozano, lo que transgrede sus derechos humanos esenciales llegándose incluso a que estos carezcan de la identificación y documentación correspondientes a los personas como titulares de derechos". Señaló que este y otros hechos motivan su intervención, en tanto la figura del Defensor tiene como fin defender los derechos humanos.

Tras marcar la importancia de un Estado que controle las instituciones en las que se encuentran los pacientes mentales, el adjunto del Defensor indicó que no discute la jerarquía de los derechos de los pacientes, para lo cual "existe un consenso", sino, y sobre todo, indica que es necesario apuntar a que se apliquen políticas con las cuales se demuestre el respeto por esos derechos.

"Nuestros Tribunales tienen la posibilidad de finalizar la histórica discriminación a uno de los sectores más vulnerable de la sociedad. Es necesario que los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales sean reales, superando cualquier artilugio político o jurídico". Indicó al añadir que estos pacientes deben "ser los destinatarios de todas las medidas necesarias para asegurarles justicia, trato digno, sancionar las conductas arbitrarias y discriminatorias que los lesionan".