Alegó que no se llamó a licitación, que no pasó por el Concejo Deliberante y que la tarifa no se definió en Audiencia Pública, por lo que las resoluciones del intendente Marcelo Cascón son “ilegítimas e ilegales” y “afectan gravemente el derecho de los usuarios”. Esperan que en menos de cinco días el estacionamiento vuelva a ser gratuito.

A primera hora de la mañana, el abogado Carlos Arrative, en representación de la Defensoría del Pueblo, atacó la legalidad de los procedimientos que derivaron en la implementación del sistema de estacionamiento medido, a través de un recurso de amparo y de una medida de no innovar, que retrotraería la situación al estacionamiento gratuito.

Mazzaglia acudió a la justicia en representación de los usuarios, “que se ven afectados por una serie de resoluciones ilegítimas e ilegales emitidas por el Ejecutivo Municipal que contravienen lo dispuesto por la normativa, afectando gravemente el derecho de los usuarios del servicio al pago de un precio justo y legal, establecido en un marco de respeto al debido proceso adjetivo y sustantivo, e incumpliendo con la máxima normativa municipal y violando gravemente derechos constitucionales a los ciudadanos”.

En los argumentos del amparo, la Defensoría recordó que el Intendente suscribió con Pampa Systems SRL un acuerdo donde la empresa “se compromete a proveer a la Municipalidad la licencia de uso y operación técnica de un Sistema Integral de Estacionamiento Medido y Faltas.”; y que “la Municipalidad abonará mensualmente al Prestador los siguientes importes: a) el 16% más IVA de la recaudación bruta, es decir, de lo que se recauda por sistema en concepto de estacionamiento medido y pago voluntario de faltas, b) cuando corresponda, el gasto incurrido en comunicaciones SMS, el cual se estima en un 10% más IVA de la recaudación bruta.”

Mazzaglia observó la utilización de eufemismos para evitar la normativa, como “denominar ’acuerdo marco’, a un verdadero contrato”, o referirse a “compromiso de las partes” cuando es “claramente una ’obligación’”. Además, señaló: “Por otro lado, se habla de “Prestador”, ¿de que?; la respuesta no está, pero claramente se refiere ¡a un servicio público!”, por lo que sintetizó: “Podemos decir que la Administración Pública Municipal -ni más ni menos- concede la prestación de un servicio público a una empresa a través de un acuerdo marco”.

Según los argumentos esgrimidos en la presentación, este convenio debió haber sido autorizado por el Concejo Municipal, y la fijación de la tarifa del estacionamiento (4 pesos la hora), determinada a través de una audiencia pública. Cuestiona, además, que no se expliquen los argumentos “que indiquen por qué $ 4.- y no $ 2 o $ 5, por ejemplo”. Además, la Defensoría del Pueblo estimó que se trata de una contratación directa a una empresa, cuando “toda contratación que realice la administración deberá ajustarse al procedimiento de la licitación pública”.

El pedido de no innovar, que Arrative espera se resuelva en menos de cinco días, dejaría sin efecto lo actuado hasta el momento, retrotrayendo la situación al estacionamiento gratuito, hasta que se resuelva la legalidad del procedimiento. Esto, en caso de que el tribunal compuesto por Horacio Osorio, Edgardo Camperi y Luís Escardó acepten la medida.

“Vemos que la fijación de una tarifa arbitraria e infundada afecta el derecho de propiedad de cada ciudadano barilochense que abona diariamente una tarifa sin un fundamento legal para su establecimiento. Peor aún, posee una resolución totalmente arbitraria e ilegal”, por lo que la Defensoría requirió restablecer “el estado de estacionamiento libre y sin costo en la ciudad de Bariloche”.

Carlos Arrative explicó que esta solicitud se realiza ante “el peligro que implica que durante el transcurso de tiempo que demande la resolución definitiva del presente, los legítimos derechos constitucionales que asisten al colectivo de personas que represento, que dan base a esta acción, resulten burlados por la aplicación de la mencionada Resolución”