Decretazo de Vidal para remplazar ley de Scioli

Decretazo de Vidal para remplazar ley de Scioli

Se trata de la creación de la Policía Judicial, promulgada en 2013 pero que nunca se puso en marcha. Por otra parte, la gobernadora volvió a prorrogar por un año la emergencia en seguridad en todo el territorio bonaerense.

La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto mediante el cual reemplazó una ley promulgada en la era Scioli pero que nunca había sido puesta en marcha. Se trata de la creación de la Policía Judicial que impone al Poder Legislativo la obligación de organizar la Policía Judicial, con una norma "idónea, eficaz y de implementación programática".

Con la promulgación de la Ley 15.005 quedó derogada la Ley 14.424 que había sido promulgada en el 2013 por el exmandatario kirchnerista pero que nunca había sido puesta en funcionamiento.

Por otra parte, la gobernadora decretó la prórroga por un año de la emergencia que rige en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad y de salud penitenciaria. Se trata de la Ley 14.990, sancionada por la Legislatura bonaerense y  también publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de este martes.

Con la creación de la Policía Judicial, los fiscales de la provincia de Buenos Aires contarán con un "detective" para colaborar en la investigación de delitos y habrá una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, que analizará las pruebas.

La nueva ley de Policía Judicial, que deroga la Ley 14.424, votada en 2012 y nunca puesta en funcionamiento, cumple con la manda Constitucional del artículo 166 que le impone al Poder Legislativo la obligación de organizar a la Policía Judicial, con una norma idónea, eficaz y de implementación programática.

La ley crea la figura del detective en función judicial quien tendrá a cargo la continuidad de la línea investigativa conforme las directivas que le imparta el Agente Fiscal.

También crea una nueva agencia investigativa y técnico científica dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte para la instrucción de causas con delitos de mayor impacto y transcendencia social.

La norma prevé además la creación de un área científica encargada de los trabajos de estudio y análisis de los elementos de prueba a cargo de profesionales de distintas áreas que resultan imprescindibles para una investigación eficaz.

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