Fue declarada nula la investigación sobre la exdiputada nacional por el Frente Para la Victoria, María del Carmen Carrillo y su esposo, el exintendente de Monteros, Luis Alberto Olea, quienes fueron vinculados en una denuncia penal a supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de activos e enriquecimiento ilícito.

La investigación se declaró nula y las actuaciones volvieron a foja cero a partir de un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, al considerar que el fiscal General, Gustavo Gómez, no podía investigar el hecho.

La investigación había comenzado con una denuncia que formuló el legislador provincial Ariel García ante el fiscal General el 24 de octubre de 2014, que aseguraba que se cometieron los delitos mediante el uso de una empresa de fletes que pertenece al núcleo familiar.

El parlamentario solicitaba que se investigue si la entonces diputada nacional y su esposo, habían cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con sus funciones, peculado y lavado de activos. Gómez ordenó una serie de medidas para determinar si la conformación de la sociedad comercial Start Mont SRL había sido realizada para adquirir bienes de la entonces diputada e intervenir en la ejecución de obras públicas con fondos de origen nacional.

Sin embargo, la Justicia declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones preliminares en marzo de 2015. Gómez interpuso un recurso de casación para que intervenga Comodoro Py, pero la Cámara Federal de Tucumán confirmó el 7 de marzo de este año que todo lo actuado es nulo y la investigación volvió a fojas cero.

El magistrado Ernesto Clemente Wayar avaló el trabajo realizado por la Fiscalía General. Sin embargo, los jueces Fernando Luis Poviña, Marina Cossio de Mercau y Ricardo Mario San Juan consideraron que el Fiscal no puede investigar el hecho, por lo que la denuncia volvió a su estado inicial.