Mediante la resolución municipal 022/2010, el Concejo resolvió "reintegrar a Luis Peche a sus funciones habituales de concejal a partir del 26 de marzo, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los autos que se tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Segura Circunscripción de la provincia, a cargo de Héctor Osiska". Esta historia con ribetes rayanos en el escándalo se inició cuando Peche mantuvo un encuentro con el presidente de la Legislatura provincial Juan José Bergia, en pleno uso de su licencia por enfermedad, según denunciaron sus pares. Además, se le inició una investigación por la rendición de viáticos insumidos en concepto de gestiones realizadas ante organismos nacionales. Mediante un informe emitido por la comisión investigadora, Peche fue sancionado por 120 días en su función de presidente del cuerpo deliberante. Ante la presentación de amparo realizada por Peche y su representante legal, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral decidió hacer lugar a la medida cautelar innovativa, y dispuso la suspensión provisoria de los efectos de la resolución del Concejo Deliberante de Sáenz Peña. Este dictamen fue apelado por el asesor legal del Concejo, Roberto Maglio, quien realizó las correspondientes presentaciones para defender las determinaciones adoptadas por el cuerpo mediante las resoluciones sancionadas. Concejales admiten la orden del juez Luego a las presentaciones sobre el recurso de queja realizadas por el asesor legal del cuerpo deliberante, Osiska declaró firme la resolución y solicitó al órgano municipal disponga lo necesario a los fines de reponer a Peche en sus funciones en el ámbito legislativo municipal. El 23 de marzo, los ediles fueron informados a través de su asesor legal que el tribunal decidió desestimar el recurso de queja presentado por el Concejo, por lo que se mantuvo la determinación de la Justicia. En los últimos párrafos de la resolución, los concejales dejaron expresamente sentado que "han obrado en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por la ley orgánica de municipios, respetando los procedimientos establecidos en ella y confiriendo el derecho constitucional a defensa al edil sancionado, por lo que se sanciona la presente norma legal, con efecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".