Sin embargo, seguirán discutiendo sobre las posibilidades de seguir adelante con medidas de fuerza. Los referentes de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), en Salta, Gabriel Benavente y Ariel Calamaro, explicaron ayer que las medidas se tomaron ante los despidos que se generaron en todo el país en el lapso de un mes. De los 26 despedidos, uno es de Salta, y desde hace dos años que se encontraba trabajando en planta de la entidad.

Pero se enteró por un telegrama que llegó a su domicilio que había sido despedido sin que se expliquen las causas que conllevaron a esta decisión. Explicaron que para tomar estas determinaciones, las autoridades del PAMI se enmarcan en los convenios laborales que rigen para las empresas privadas, en tanto es una entidad autárquica. Entre los diversos casos que sostuvieron, se conocen a nivel país, entre los despedidos se encuentran personas con discapacidad. Mientras, el PAMI no se presentó a una audiencia que convocó el Ministerio de Trabajo de la Nación el miércoles con el Sindicato.

Ayer, los trabajadores estaban dentro de la entidad pero evitaban el paso de los afiliados al pararse en la puerta para no permitirlo. "igual estamos atendiendo las urgencias y cirugías, además de las derivaciones que vienen del Interior", justificaron los gremialistas.