Gabinete y la primera dama Estella Marys Manzur, pueden estar contentos con la distribución de sesenta contratos de obras a realizarse en toda la provincia, en manos de no más de 7 empresas de cabecera, de amigos del poder, que tercerizando en empresas chicas propias y fantasmas, se llevarán los suculentos 393 millones de pesos que se invertirán en Formosa.

"La galopante, cada vez más escandalosa y más concentrada corrupción reinante en el manejo de la obra pública en la provincia, no es "la mejor noticia para finalizar el año y comenzar el 2013", como expresara Di Martino", señalaron los indignados y desplazados empresarios, quienes además aseguraron que "de esta manera no van a responder a las necesidades de la familia formoseña, no van a generar los puestos de trabajos declamados, ni van a cumplir con las cantidades de viviendas presupuestas y, mucho menos con la calidad de las obras, porque gran parte de los fondos desaparecerán en los bolsillos de los siete "empresarios-funcionarios" y sus cómplices".

Las empresas de renombre y permanentemente adjudicatarias de obras públicas en la provincia, en esta oportunidad fueron "intencional e interesadamente" relegadas, excluidas por empresas nuevas, algunas fantasmas que -según los empresarios marginados- responden a 7 empresas que "pertenecen a funcionarios del gobierno provincial y están digitados por la eterna pareja del gobernador de la provincia, que maneja los fondos y las obras públicas como si fueran bienes matrimoniales", aseguraron.

LAS SOSPECHAS DE OJER

¿De quiénes son las 33 nuevas pequeñas empresas que aparecieron de repente para desplazar a las tradicionales?, se preguntó el ex ministro de economía de la gestión de Floro Bogado, el contador Carlos Ojer, quién comentó en Faceboock los entretelones de la distribución de las obras y las sospechas de los empresarios excluidos, de que las 33 pequeñas empresas serían propiedad de no más de 7 "amigos del poder" que se valdrían de profesionales relacionados al quehacer para funcionar con una fachada legal determinada, por orden, cuenta e intereses de determinados funcionarios.

Tras la firma de los cuestionados 60 contratos por parte del gobernador Insfrán para la ejecución de obras de viviendas, escuelas y energía eléctrica quedó establecido que las 33 empresas adjudicatarias, que pertenecerian a 7, deberán estar en plena actividad en el próximo mes de enero, aseguraron desde el gobierno, lo que despertó más sospechas sobre que todo estaba preparado y que las 33 tendrían el apoyo estructural de la 7 privilegiadas empresas.