Hoy se cumplen seis meses de las trágicas jornadas del 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando gran parte de la Policía de Córdoba se acuarteló en demanda de mejoras salariales, lo que derivó en saqueos y robos a comercios por falta de patrullaje policial.

La medida de fuerza, que provocó un cimbronazo en el corazón del gobierno de José Manuel de la Sota, se levantó con una oferta salarial que llevó el salario inicial del sector a diez mil pesos.

A nivel de reivindicaciones salariales, el abogado que encabezó la negociación entre el Gobierno y los uniformados, Miguel Ortiz Pellegrini, consideró que la Provincia cumplió todo cuanto prometió. Lo mismo opinó el no reconocido Sindicato de Policías.

Sin embargo, Ortiz Pellegrini afirmó que los incumplimientos vienen por el lado de las “represalias” a los uniformados que se acuartelaron, pese a que De la Sota se había comprometido a evitarlas. El abogado dijo que fueron detenidos dieciséis policías, y que la mayoría de ellos fue despedido de la fuerza por participar en el acuertelamiento. “El jefe de Policía (comisario general Julio César Suárez) dijo que no negoció con nadie, pero sí lo hizo: negoció con policías que delataron a compañeros que participaron del acuartelamiento, y a cambio, quedaron en la fuerza”, aseguró Ortiz Pellegrini en diálogo con este diario y deslizó que hay fuertes rumores en la Jefatura de “una nueva tanda de despidos”.

El letrado criticó duramente a Suárez, y aseguró que se considera “un paracaidista polaco recién llegado a la Policía”.

“Él integraba la Plana Mayor” durante el acuertelamiento, recordó. Los policías exonerados de la institución apelaron judicialmente la disposición, patrocinados por Ortiz Pellegrini. “Son chivos expiatorios, no líderes de la revuelta”, señaló el abogado.

En tanto, el sindicato que conduce Adriana Rearte, una agente penitenciaria retirada y esposa de un policía provincial, dijo que la Jefatura mantiene su política de cambio de destino o pases para los más molestos, y que el Tribunal de Conducta policial “se puso más severo” que antes de la revuelta. “No se cumplió el acuerdo donde se decía que no habría sanciones ni se tomarían represalias”, señaló el Sippe en un comunicado de prensa, donde reprocha la falta a avances en protección de la salud mental de los agentes, política ambiental, ART, y uniformes, entre otras cuestiones.