El caso generó conmoción en Sri Lanka y protestas de las autoridades. El propio presidente, Mahinda Rajapaksa, había pedido clemencia y dijo que su gobierno deploraba la decisión judicial de ejecución. Legisladores en el parlamento de su país se pronunciaron en el mismo sentido.

Hacia siete años que Rizana había sido encarcelada bajo un oscuro proceso judicial que no le dio ninguna garantía individual, según la cadena británica BBC y la estadounidense CNN. Fue acusada en 2005 de haber matado a un bebé de cuatro meses que estaba bajo su cuidado en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Los magistrados islámicos no creyeron lo que ella sostenía: que el pequeño se había ahogado cuando le daba la mamadera.

En el momento del incidente la joven tenía 17 años . “Rizana era menor cuando ocurrió la muerte del bebé y no tuvo abogado para defenderla ni tampoco un intérprete competente”, afirmó Nisha Varia, de la organización Human Rights Watch.

La ejecución de Rizana fue la culminación de una historia familiar dramática. Su familia quedó en la miseria tras el devastador tsunami de diciembre de 2004, que dejó más de 300.000 muertos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.

La joven emigró a Arabia Saudita mintiendo su edad: dijo que tenía 23 para poder entrar al país. Allí consiguió trabajo como empleada en la casa de una acomodada familia de Dawadmi, a unos 200 kilómetros de Riad.

En un confuso episodio murió el bebé que tenía bajo su cuidado. La joven dijo que se ahogó al tomar la mamadera. Pero la familia del nene la acusó de estrangularlo luego de una discusión con la madre .

Allí comenzó un proceso donde la adolescente tuvo que enfrentar un sistema legal ajeno a su cultura, hostil e injusto. No tuvo acceso a abogados durante los primeros interrogatorios, durante los cuales, según denunciaron varias agrupaciones de derechos humanos, fue presionada y forzada a firmar una confesión .

En estos años hubo acciones de distintos tipos de sus familiares, organismos de derechos humanos y funcionarios de Sri Lanka para darle protección, pero no avanzaron. Fue hallada culpable por un tribunal y la Corte Suprema convalidó la pena de muerte. Ayer se cumplió la sentencia.

Después de leerse un verso del Corán, un verdugo la decapitó con una espada .

Su caso se suma al de numerosos extranjeros ejecutados en Arabia Saudita, “la mayoría trabajadores migrantes de países pobres o en desarrollo”, afirma Amnistía Internacional. Sólo en 2012, detalla la organización, hubo 79 ejecuciones en ese país, 27 de ellas de extranjeros.