Frente al incesante avance de la inflación, que viene licuando el poder adquisitivo de los trabajadores desde hace meses, sumado a la proximidad de las fiestas, los gremios estatales tucumanos exigen al Gobierno provincial una urgente mejora salarial antes de fin de año.

La semana pasada, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y la delegación local de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se reunieron, por separado, con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, encargado de encarar las negociaciones con el sector sindical, para plantearle esta cuestión.

En diálogo con EL SIGLO, el secretario adjunto de ATE, Marcelo Sánchez, informó que "se planteó la necesidad de establecer un aumento salarial de emergencia para los trabajadores estatales, porque la inflación ya se devoró la mejora que se había pautado a mediados de año".

Además, explicó que solicitaron que se disponga un aumento de 40 pesos en el monto de las asignaciones familiares, que actualmente es de 180 pesos, para equipararlas con las de la Nación, que desde septiembre llegaron a los 220 pesos.

Sobre este último punto, según aclaró Sánchez, que solicitaron al titular de la cartera política "que la mejora se pague con retroactividad a septiembre", que es cuando comenzó a aplicarse el aumento dispuesto por el Poder Central.

Según indicó Sánchez, la respuesta del funcionario respecto al tema salarial fue terminante: "Nos dijo que no hay fondos para otorgar un aumento de sueldos o siquiera una ayuda social de emergencia por única vez antes de fin de año".

Agregó que "el Ejecutivo pretende que la masa de dinero que corresponde a la asignación familiar sea otorgada en concepto de ayuda social". A propósito, el dirigente anticipó que "ATE no va a aceptar esas condiciones, porque ese es dinero que ya le corresponde a los trabajadores y no una mejora que pueda otorgar el Gobierno, que tiene una deuda con los estatales y debe reconocerla como tal".

Sánchez confirmó que esta semana "se realizarán reuniones de delegados y asambleas para informar de esta situación y analizar los pasos a seguir. Si no hay una respuesta, no se descarta la posibilidad de iniciar un plan de acción", advirtió.

A la hora de justificar el reclamo salarial, el secretario adjunto de ATE sostuvo que "la situación que se genera por la inflación ya es insostenible para el empleado público". Y en este sentido, señaló como ejemplo que "una familia tipo, que consuma un kilo de carne por día, que tiene un valor de 40 pesos, necesita 1200 pesos por mes para cubrir esa necesidad, sin contar los otros elementos de la canasta y los servicios que tiene que pagar, cuando el salario mínimo es de 1800 pesos", argumentó.

Por ello, Sánchez opinó que "no reviste el menor análisis el justificativo para plantear de manera urgente un aumento de emergencia antes de fin de año. No se puede esperar a que la nación otorgue una mejora para recién aplicarla en la provincia, como pretende el Gobierno", concluyó.

UPCN no quiere una

ayuda por única vez

Por su parte, Luis Albornoz, de UPCN, hizo hincapié en el reclamo "para que se disponga una recomposición en el monto de las asignaciones familiares, equiparándolas con los 220 pesos que paga la Nación, y que el pago se haga retroactivo a septiembre".

Además, agregó que "se está pidiendo que se establezca una mejora salarial de emergencia antes de fin de año" y que "la misma no sea por única vez, como se hizo en otras oportunidades".

En este sentido, el secretario adjunto de UPCN dijo que "es necesario que se de un aumento de haberes que permita paliar la situación acuciante de los trabajadores debido a la inflación, y que el misma sea abonado mensualmente hasta tanto se realicen las paritarias, a principios de 2011".

Por último, Albornoz indicó que también exigen al Poder Ejecutivo "que se cumpla con el acuerdo para el pase a planta permanente de aproximadamente 4.500 de trabajadores que están como contratados y transitorios desde hace más de tres años".

Reclamos unificados

A su turno, el representante de los Municipales del Interior, Vicente Ruiz, anticipó a nuestro diario que el próximo miércoles se realizará un plenario general con la presencia de ese sector, de ATE, del Movimiento Barrios de Pie y de la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones, "para estudiar los reclamos salariales y otras reivindicaciones para los trabajadores".

"Vamos evaluar posibilidad de un plan de lucha conjunto, que también incluirá reclamos por el tema de los planes sociales, para que estos alcancen los 1800 pesos del mínimo vital y móvil y que además se les de a esos trabajadores cobertura social, que hoy no la tienen, pese a trabajar en distintas reparticiones del estado", precisó.

Ruiz coincidió con los referentes de los gremios estatales en que "es necesario que se disponga un urgente aumento salarial de emergencia, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la inflación que el gobierno nacional no puede controlar". En este sentido, opinó que "el mínimo vital y móvil tendría que ser superior a los 3000 mil pesos si se tiene en cuenta la inflación, porque los sueldos actuales están rozando la línea de indigencia".

Por otro lado, planteó que "hay 15 mil personas tercerizadas trabajando en negro en los planes de obras públicas del Gobierno provincial, sin cobertura social y con sueldos de hambre. Esta situación tiene que cambiar", acotó.

Finalmente, anunció que, al igual que el pasado jueves "esta semana seguramente los municipales y desocupados volveremos a cortar la Ruta 38, en la entrada a Aguilares, para hace escuchar estos reclamos".