Tucumán vivió esta lenta evolución, de avances y retrocesos, a lo largo de los últimos 25 años. En materia de derechos humanos, desde 1983 vivimos un saludable proceso de consolidación, que va más allá de lo normativo (la inclusión de los tratados internacionales en la Constitución de 1994 y algunos pocos cambios en la Carta Magna provincial de 2006) para comenzar a formar parte de la visión que la comunidad tiene de sí y de la manera en que elige vivir. La ciudadanía se apropió de los DDHH como algo intrínseco e innegociable, como un límite cada vez más preciso al ejercicio del poder público. Pese a algunas voces disonantes que todavía hoy pretenden su abolición (nunca para ellos, siempre para otros) los derechos ya no están en la esfera de lo que el poder público puede decidir, o al menos decidir impunemente.

Los ciclos de fortalecimiento democrático pueden verse en varios hitos desde 1983. Por ejemplo, luego de la elección de Antonio Domingo Bussi como máxima autoridad de la Provincia, la democracia enmendó su error con su reciente juzgamiento en Tucumán, al compás del ritmo del derecho internacional de los DDHH, impregnando justicia -tardía, pero justicia- a un reclamo sin el cual no puede pensarse la historia reciente de la provincia. Otro ejemplo de cómo la democracia se fortalece a sí misma lo constituye el trayecto de los derechos sociales (salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación) en estos 25 años. Mediante la lucha sostenida, nacida de la desesperación de fines de los 90, se pasó del tímido pedido al reclamo masivo de políticas públicas. Los niños muertos de hambre, el 69% de la población en condiciones de pobreza, el 40% de desocupados, quedaron atrás momentánea y parcialmente. El Estado tuvo que responder a la lucha de la ciudadanía. El camino ahora es mejorar y ampliar esas políticas.

Hoy es posible abordar los desafíos de la democracia, gracias a que superamos de forma incompleta la hipótesis del Estado criminal. Lo pendiente: equilibrar la desigualdad social, dar justicia a las víctimas y familiares de los hechos violentos producidos durante la democracia -aún impunes-, buscar seguridad sin que se vulneren los DDHH e incluir nuevas voces en la democracia, crear espacios de debate que involucren a todos los sectores de nuestra comunidad y signifiquen de una vez por todas la reconciliación de los argentinos/as con la política y lo público.