El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, el primer juez que frenó el tarifazo en la provincia de Buenos Aires, dio una charla el pasado viernes por la noche en el salón que la Asociación Bancaria tiene en su campo de deportes, con la organización de dicho sindicato y de la agrupación peronista "Felipe Vallese” y la adhesión de una importante cantidad de gremios de la CGT y la CTA de los Trabajadores.

Entrevistado por LA RAZON sobre dichas decisiones judiciales, Arias señaló que apenas se conocieron los aumentos de tarifas, "comenzamos con algunas medidas judiciales por lo que nos parecía una violación de derechos fundamentales como son la vivienda, un salario digno, el derecho al trabajo. Algunos jueces sabíamos que el impacto del aumento de las tarifas iba a ser muy grande en lo social y esas medidas sirvieron un poco para poner límites a que ese incremento. Unos cincuenta jueces en el país fuimos tomando medidas para frenar el aumento por distintas razones, pero fundamentalmente, por la falta de audiencia pública, por ausencia de información y la razonabilidad de las tarifas”.

Hubo medio centenar de jueces, dos cámaras federales y la Corte Suprema de Justicia determinó los estándares que deben tener los aumentos de tarifas, los límites, aunque todavía estamos en una etapa de debate judicial donde el punto más importante, que se va a analizar ahora de acuerdo a cómo viene la litigiosidad, es la razonabilidad. O sea, hasta qué punto ese aumento puede afectar el ingreso de una familia media, cuáles serán sus límites.

En relación a la provincia de Buenos Aires y los aumentos que quedaron habilitados, explicó: "El gas es un servicio federal y la Corte anuló el aumento para los usuarios residenciales pero no para los no residenciales o comerciales y eso fue para todo el país. Hasta octubre las facturas deben llegar sin aumento, pero con la audiencia pública, están habilitados para aumentar un 203%. En el caso de la electricidad, tenemos las distribuidoras provinciales y cooperativas. En el caso de Edén, que tiene Chivilcoy, fue alcanzado por mi fallo que primera suspendió y luego anuló las tarifas, pero fue revocado por la Cámara, por cuestiones formales por lo que hay que dictar una nueva resolución”.

Al respecto cuestionó que "el juez que provisoriamente tiene la causa, ya que también me han recusado, se tomó todo el tiempo del mundo para no decidir nada, al igual que la Cámara. Ya van dos meses para definir una recusación, lo que configura una demora injustificada, por lo cual, yo me autoexcluí, excusándome, para que pueda avanzar la causa. Son cuestiones técnicas, pero en definitiva, son manejos procesales que hacen que la cuestión no se defina. Mientras tanto se está cobrando el aumento. Pero tenemos jurisprudencia que es ilegal todo lo que se hizo, al menos hasta la audiencia del 28 de julio”.