La Legislatura volverá a sesionar hoy, desde las 8.00, un proyecto de Ley que permitirá realizar obras por un monto de 2 millones de dólares para perforar 83 pozos de agua potable en localidades del Este de la Provincia. En rigor, la normativa aprobará el convenio suscripto entre la Provincia y el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, por el cual se accede a recursos no reembolsables previstos en un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La iniciativa del legislador José Cúneo Vergés permitirá que 30.000 familias accedan a agua libre de arsénico, una sustancial letal para el organismo, que contamina buena parte de las napas en decenas de pequeños y medianos núcleos urbanos ubicados en la zona Este de la Provincia. "La estadísticas sanitarias confirman las severas deficiencias que afectan al 31 por ciento de la población del Este sin acceso al agua potable, haciendo que este tipo de obras sean necesaria y urgentes", afirma el parlamentario en los fundamentos de su proyecto. Recordó que cerca de 120.000 personas consume actualmente agua que obtienen de pozos o sistemas de escasa o nula calidad, situación que se agrava por la contaminación de las napas con arsénico.

El plan aprobado por la CAF se puso en marcha con un subsidio de 260.000 dólares para cooperación técnica que permitió avanzar en la concreción del programa "Provisión de provisión de agua potable a la población rural dispersa del Este Tucumano". Luego, la provincia firmó con Convenio de Consultoría con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a los fines de obtener los estudios necesarios según Términos de Referencia (TDR) consensuados entre los técnicos de la Corporación Andina de Fomento y de la provincia. Posteriormente la UNT designó a las facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas y Ciencias Económicas para desarrollar la consultoría que debe proveer datos no sólo sobre los aspectos exploratorios sino también respecto de los procesos de administración y en la concreción del diseño técnico para cada una de las localidades en estudio.

Las obras beneficiarán a poblados ubicados en los departamentos de Burruyacu, Leales, Cruz Alta, Simoca, Graneros y Trancas, y tendrá impacto en algunos núcleos urbanos significativos, como Ranchillos, San Andrés, Villa Padre Monti, Delfín Gallo, San Andrés, Lamadrid, 7 de Abril y Gobernador Piedrabuena, entre otras.

Además, la Legislatura abordará otros temas, proyectos vinculados con el Poder Judicial y que surgieron como inquietud de la Corte Suprema de Justicia.

Una de esas iniciativas establece una remuneración para aquellos jueces que deban atender el despacho de otro magistrado, por un lapso que supere los siete días. Otras propician la creación de la figura de ayudante del defensor oficial en lo Penal y ayudante de Fiscal de Instrucción, y una reforma a la Ley de Mediación para excluir a ley a los juicios ejecutivos.

También se incluyó en el temario dos proyectos para crear tres vocalías, una en cada una de las Salas de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Capital y un juzgado de menores en el centro Judicial de Monteros. En tanto, se modificará la Ley de Límites de Jurisdicciones comunales para incorporar al ejido del municipio de la Capital, los barrios Policial 4, Miguel Lillo y Ampliación Miguel Lillo, que actualmente se encuentran en jurisdicción de la Comuna de San Felipe- Santa Bárbara.