Rí Tercero, Villa María, San Francisco. La agrícola fue siempre la actividad económica central en cientos de pueblos y ciudades del centro, sur y este cordobés. En casi todos, las instalaciones para acopio de granos fueron surgiendo pegadas al tramo ferroviario que los atraviesa. Con el tiempo, esas áreas quedaron en el centro de cada localidad y no tardaron en aparecer conflictos entre la vida residencial y la productiva.

Un centenar de casos similares podrían anotarse en el mapa cordobés. En varios, se plantearon ideas de relocalizaciones de los centros de acopio, pero en casi ninguno se concretaron. En la mayoría, al menos, se dictaron normas para no permitir que se sumen más.

Los motivos más frecuentes de controversia son el impacto ambiental y sanitario del polvillo que genera el movimiento de granos, más el uso y acopio de agroquímicos para su tratamiento, el ruido industrial, y el tráfico de camiones que involucra esa actividad. Todo eso ubicado a metros de los barrios.

Leones

En Leones, por ejemplo, la situación generó años atrás un intenso debate. La situación varió, en parte, aunque las cerealeras siguen operando en zona urbana. En 2010, hubo una movilización de vecinos, cansados del polvillo, la tierra y el tránsito de camiones. Alergias y patologías respiratorias eran señaladas como un mal común.

En el municipio destacan que se asfaltaron calles aledañas, lo que disminuyó la tierra en suspensión, y se restringió el tránsito de camiones. También que las cerealeras sumaron tecnología para evitar dispersión de partículas y ruidos molestos. El municipio firmó además una intención de compra de 42 hectáreas para crear un parque cerealero que saque del centro a acopiadoras y depósitos de agroquímicos. Pero ese parque no avanzó en los hechos: el costo de las mudanzas para municipio y empresas es admitido como justificación central.

Río Tercero

En Río Tercero, varias compañías acopiadoras funcionan en el predio ferroviario que atraviesa el centro. El mayor debate lo genera una planta que incluye una fábrica de aceites.

Ante la inquietud de vecinos, el Concejo Deliberante aprobó en 2009 una ordenanza que otorgaba cinco años de plazo para que se reubiquen todas esas instalaciones fuera del radio urbanizado. Esa norma vence este año, pero no será cumplida. El propio intendente, Alberto Martino, admitió que no intimará a ninguna de las empresas, apuntando que las mudanzas “son inviables” por razones económicas. Citó que no hay líneas de crédito accesibles a las que puedan acceder las empresas y que además el municipio no ha fijado aún un lugar para esas relocalizaciones. Ambos eran puntos asumidos hace cinco años.

El proceso, en realidad, fue a la inversa: más que reubicarse, varias de las acopiadoras se ampliaron en los últimos años.

Martino aseguró, de todos modos, que “hubo y habrá mayores exigencias”. Respecto de la aceitera dijo que deberá invertir “a corto plazo” para mejorar el ingreso de camiones y reducir la polución.