Los parlamentarios aprobarían modificaciones en el Inmobiliario y Automotor. Tratan también el Presupuesto 2011.
En el debate sobre este último ítem, que cuenta con dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, conformada sólo por representantes alperovichistas, el texto propone los siguientes cambios a la Ley Nº 5.121:
1- Impuesto Inmobiliario: se reducen las exenciones previstas. La actual norma estipula algunos requisitos para lograr ese beneficio, tal es el caso de "inválidos con incapacidad total y permanente, los mayores de sesenta 60 años, los menores huérfanos, las viudas o viudos, jubilados y/o pensionados". Pues bien, actualmente sólo deben acreditar que los ingresos mensuales de ese hogar "no sean superiores a tres veces el salario de la categoría mínima del escalafón general". Según el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gremios, en Tucumán ningún estatal cobra menos de $ 1.800 por mes. En tanto, a partir de la sanción del proyecto, se accederá a esa exención -en los casos previstos- siempre y cuando los ingresos no superen el salario mínimo vital y móvil fijado por la Nación. Desde agosto, ese piso es de $ 1.740.
2- Impuesto a la Salud Pública: la Provincia pretende incluir a las cooperativas en el pago. No obstante, se mantendrá la eximición para sindicatos, asociaciones religiosas, culturales, gremiales, artísticas, deportivas y mutualistas.
3- Rubro Automotor: también sufrirá modificaciones. Actualmente, en los contratos de compraventa, permuta, y transferencia de autos, la base imponible del Impuesto a los Sellos se calcula sobre el valor del rodado. En cambio, el PE busca que el cálculo se haga sobre la valuación del auto establecida por Rentas para el pago del Impuesto Automotor, "o el precio convenido si éste fuera mayor".
4- Ley Nº 5.636 (Impositiva): el oficialismo parlamentario introducirá cambios. El proyecto que se debatirá hoy en el recinto incorpora un sugestivo párrafo al artículo 11 de la norma, en lo que refiere al Impuesto Automotor.
Si bien se mantiene que ese tributo anual será del 2% del valor del vehículo, se añade una atribución: "facúltase al Poder Ejecutivo a establecer alícuotas diferenciales por categorías de vehículos". Se infiere que los cambios apuntan a que los propietarios de vehículos de alta gama podrían tener que realizar un aporte tributario mayor.
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