Desempeñar cargos públicos, cumplir con una responsabilidad asignada en un trabajo y lograr desarrollar sus metas laborales conforman un derecho que en Mendoza tienen postergado buena parte de las personas que presentan alguna discapacidad. De hecho, entre otros aspectos destinados a garantizar la equidad para los mendocinos que tengan alguna limitación (sea física o mental, crónica o temporaria), la ley provincial N°5041 establece que en todas las áreas que dependen de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) el cupo para este grupo no debe ser inferior al 4% del total de vacantes que se producen año a año.

Así se señala en el artículo N° 13 del Capítulo III de la Ley, donde se hace especial mención a esta obligación (ver aparte). Sin embargo, la deuda en este sentido sigue siendo grande en nuestra provincia. A contramarcha de todas las normativas matrices que fueron creadas a nivel nacional e internacional en pos de la igualdad de oportunidades, aquí el cupo de personas con alguna discapacidad que cuentan con un empleo estable no supera el 1,5%. "Lo que sucede es que todos los años las vacantes quedan congeladas y el cupo nunca llega a cubrirse", destacó Germán Ejarque, presidente del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad.

Por este motivo, una propuesta que se busca elevar a las autoridades es que el porcentaje de cobertura sea efectivamente del 4% "más allá de la forma de contratación". En ese sentido, Ejarque aclaró que en la actualidad lo que sucede es que, en el marco de las negociaciones que los gremios efectúan con los distintos Gobiernos para efectivizar a los contratados, los primeros en quedar más postergados son los nuevos discapacitados que están en condiciones y cuentan con la formación y capacidad necesarias para realizar diferentes funciones. Para tener este aval, los aspirantes deben contar con el certificado correspondiente que es emitido por una Junta Evaluadora de la Dirección Provincial de Discapacidad.

"Éste es el único documento válido, pero lamentablemente no todos lo tienen tramitado y es justamente este documento el que abre las puertas a todos los beneficios y programas laborales", aclaró Ejarque. Discriminación y exclusión Lejos de desconocer sus derechos, Juan Gorri (42) es uno de los cientos de mendocinos que aún esperan una respuesta que parece no llegar nunca. Conforme a los estudios en Derecho que había logrado años atrás, el hombre decidió buscar una salida laboral en sintonía con sus conocimientos. Por eso, entre 2009-2010 se presentó al llamado anual para ingresar al Poder Judicial de Mendoza.

En pos de lograr su objetivo, Juan estudió, se preparó y rindió todos los exámenes con altas calificaciones. Luego llegó la etapa de las entrevistas y los exámenes físicos y psicológicos, con los cuales se constató su aptitud para el puesto que él buscaba ocupar. Lo que diferenció su expediente en relación con los del resto de los aspirantes fue que al no poder rendir el examen dactilográfico (debido a una hemiplejia que presenta del lado izquierdo) su nombre quedó relegado en comparación con los otros postulantes.

"Yo rendí y aprobé todos los exámenes necesarios, pero me dejaron fuera al no igualarme con el resto de los aspirantes.En varias oportunidades incorporaron gente nueva y nunca me llamaron a mí", lamentó Gorri, quien gracias a su esfuerzo ha logrado realizar todas las tareas cotidianas sin ningún problema. Hoy, pasado el tiempo, el hombre asegura que en diferentes ocasiones presentó notas y denunció su caso sin hallar ninguna respuesta. El problema mayor es que al transcurrir el tiempo, ahora corre el riesgo de sobrepasar la edad máxima permitida para ingresar al Poder Judicial, a pesar de que cuando aprobó tenía 38 años.

"No sé de quién será la culpa, la única certeza es que esto me perjudica y mucho", expresó Gorri. Quejas y pedido de informe En la Defensoría de las Personas con Discapacidad, confirmaron que ha habido quejas y denuncias por discriminación al momento de buscar acceder a cubrir un puesto. Incluso adelantaron que semanas atrás se firmó un convenio con Fiscalía de Estado para requerir informes a las autoridades de todos los organismos públicos para saber con certeza cuál es el total de personas con algún grado de discapacidad que cuenta con trabajo.

"Hoy esos datos no están", aclaró Juan Carlos González, titular de este órgano. Agregó que todavía perduran otros aspectos que aún se encuentran sin desarrollar en Mendoza para lograr una verdadera inserción laboral. "Para que las personas con discapacidad se apropien de este derecho a la inserción laboral es necesario avanzar en los otros aspectos básicos, como la Salud, la Educación y Transporte. Sólo cuando esto se cumpla habrá igualdad de oportunidades", evaluó González.

Piden mayor compromiso de empresarios

Germán Ejarque, presidente del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad, destacó la importancia de que el sector privado no tenga dudas de ofrecer trabajo a este margen de la población que por juicios equívocos, queda muchas veces marginada y excluida del mundo laboral. “Hay muchas personas con formación académica y dispuestos a trabajar. Sería bueno que los empresarios se animen a darnos trabajo”, dijo y destacó: “Todos tenemos algo para dar; la incapacidad no es lo mismo que la discapacidad”.

Las situaciones en las que el derecho de las personas con discapacidad para acceder a un trabajo es vulnerado, se repiten de manera cotidiana. A los estudiantes de Arquitectura que tienen alguna discapacidad, ejemplificó Ejarque, les sucede que ningún estudio los acepta para que ellos puedan realizar las prácticas y así poder obtener su título universitario.

OEA reclama desarrollo con inclusión social

Los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron ayer la llamada Declaración de Asunción.

En el texto se promueve “fortalecer la resiliencia de los países para hacer frente a los shocks externos y proteger los progresos alcanzados en la reducción de la pobreza”.

Además, la declaración insta a “fomentar la inversión y la generación de empleo en todos los sectores para propiciar la distribución equitativa del ingreso, con criterios inclusivos” y exhorta a impulsar “políticas públicas con miras a fortalecer el respeto de los derechos humanos y asegurar la plena y efectiva participación de las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en la sociedad”.

Ley 5041

Artículo 13. “El Estado provincial, sus organismos descentralizados o autárquicos, las empresas, bancos y sociedades del Estado ocuparán personas discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) del ingreso que se produzca anualmente, previo el dictamen y evaluación que establezca la junta calificadora.”