El proceso por el cual el gobierno bonaerense transfirió al grupo empresario Eurnekian la explotación por 30 años del denominado Corredor Vial del Atlántico formado por la Autovía 2 y las rutas 11, 36, 56, 63 y 74, que permiten el acceso a las ciudades de la Costa, recibió ayer duras críticas por parte de asociaciones de consumidores y por legisladores de la oposición, que hicieron eje en el incremento de tarifas de peajes.

Los cuestionamientos apuntaron a la decisión anunciada por los nuevos explotadores, las empresas Benito Roggio e Hijos, Esuco y Helport, del grupo Eurnekian, de disponer un aumento del valor de los peajes en las rutas 2 y 11, que van del 7 al 25%, en coincidencia con el inicio de la nueva concesión.

El nuevo cuadro tarifario establece que en la ruta 2, en Samborombón el valor del peaje pasará de 14 a 15 pesos, en tanto que se mantendrá en 8 pesos el precio que rige en la cabina de Maipú.

Ayer, el Comité Nacional en Defensa del Consumidor Vial (CONADUV) tildó de "disparate" el proceso de licitación, al que calificó además como "la concesión vial más escandalosa, porque representa un gigantesco negocio con ganancia fácil, inversión cero, bajo riesgo y plazos de explotación eternos y sin control".

Las declaraciones fueron formuladas por el coordinador de ese organismo nacional, Ricardo Lasca, quien puso en duda ayer que vayan a realizarse las inversiones previstas por el contrato de licitación. "Estamos pagando peaje hace 20 años y vamos a seguir pagando por 30 años más, vamos a seguir siendo rehenes del régimen perverso de falso peaje o, mejor dicho, de un impuesto al tránsito".

Por otro lado, criticó al gobierno de la Provincia por "no escuchar las demandas de los usuarios y puntualmente por no cumplir con lo que promete". "Scioli había prometido que antes de hacer esto y de aumentar tarifas, cosa que ya hizo en otras 3 oportunidades, iba a realizar una Audiencia Pública. Nunca cumplió, y el dice que está abierto al diálogo; a los grupos económicos los recibe pero a los usuarios y a quienes trabajamos y padecemos estos aumentos no nos atiende", disparó.

Ricardo Lasca explicó que lo que exigen es "la implementación de un verdadero Proyecto Vial Nacional". "Nosotros no estamos en contra del peaje, pero esto no es peaje, es un curro". Desde la CONADUV proponen eliminar las cabinas de peajes y le exigen al Gobierno Nacional que reasigne parte de lo que recibe a través del impuesto al combustible.

CRITICAS A LAS SUBAS

Pero los cuestionamientos no surgieron sólo de asociaciones de consumidores sino también desde la oposición. El candidato a diputado provincial del Frente Amplio Progresista Pablo Farías también criticó el nuevo aumento en los peajes de las rutas a la costa atlántica, al que calificó, en el caso de los camiones, como "un impuesto a la producción".

"Es abusivo el trato que recibimos quienes circulamos por el vial costero", señaló Farías, quien especificó que "en el peaje de Madariaga un camión balancín pasó de pagar 10 a 15 pesos" y sostuvo que ello "es claramente un impuesto a la producción".

El dirigente del GEN, quien encabeza las listas del FAP en la Quinta sección, opinó que "esto es un claro ejemplo de cómo se encamina el negocio que la Provincia firmó recientemente con el grupo Eurnekian".

Farías calificó la medida como "una sorpresa para los usuarios que el día sábado se aumentaron con la autorización del gobierno de la provincia las tarifas del corredor costero".

El candidato consideró que es "irresponsable otorgar una concesión de una ruta a 30 años. Cuando hablamos de planificación se tiene que hacer con mucho cuidado, porque acá se están comprometiendo 7 períodos y medio de gobierno", aseguró.