La Defensoría General del Departamento Judicial Bahía Blanca denunció las malas condiciones de alojamiento de presos en la cárcel y otras dependencias de nuestro medio.
El detallado informe, que analiza el período 2012, fue elaborado por el Observatorio Permanente de Cárceles e Instituciones de Encierro, detallándose las conclusiones en cuanto a la situación sobre cada uno de los centros de encierro.
El Observatorio aseguró que ninguno de los lugares inspeccionados cumple con los estándares internacionales, además de destacar la ausencia de "políticas en dicha materia".
También se indicó que existe un "retroceso" respecto del informe anterior en lo que hace a la continuidad de las mejoras edilicias y se llegó además a la conclusión de que los establecimientos recorridos carecen de sistemas seguros contra incendios.
En referencia a la cárcel de Villa Floresta, el informe remarcó que "continúan sin cumplirse los estándares ante la falta de adecuación de las condiciones de trato y el régimen de disciplina, sin dejar de lado la ausencia de control del cumplimiento de los derechos de los internos".
Se hizo hincapié igualmente en la "regresividad" que se evidenció en relación con el sistema sanitario y los diversos controles, básicamente apuntando a las tareas de prevención y a la atención de la salud de los internos.
"Los reclusos no tienen garantizado su derecho a la salud y a la integridad física", afirmó el estudio.
En lo que hace a las comisarías locales, el Observatorio cuestionó que "no ofrecen en su generalidad las condiciones exigidas para el alojamiento extendido en el tiempo de personas".
"En aquellas que se ha observado baja cantidad de detenidos --sostuvo--, la situación es de menor gravedad, que se revierte y se convierte en trato inhumano y degradante, en los momentos en que se aloja un número considerable de detenidos".
En el mismo sentido expresó que "la clausura de varias comisarías que exhibe el Departamento Judicial, es la demostración del estado de decadencia de la estructura".
Respecto del Hospital Neuropsiquiátrico de Bahía Blanca, señaló que si bien los médicos "ponen su mayor empeño" en la atención de los internados, "el nosocomio aún adolece de necesidades básicas para tratar a esta clase de pacientes como corresponde, aumentando entre otras cosas la disponibilidad de camas, lugares e insumos".
Finalmente, la Defensoría General cuestionó las condiciones de alojamiento de los menores en el Instituto Valentín Vergara de la calle Almafuerte al 700.
"Tanto la estructura edilicia como las actividades a desarrollar por los jóvenes resultan totalmente perjudiciales", remarcó.
Explicó que los internos pasan la mayor parte del día deambulando sin actividad alguna, "situación que se ve agravada teniendo en cuenta la existencia de una panadería en el lugar, que aún se halla sin explotar".
"El transcurso de tiempo ocioso resulta perjudicial para los alojados, impidiendo y dificultando la reinserción social", destacó.
Conclusiones.
Como conclusión principal se dejó plasmado que no existe una política consistente en materia de encierro institucional que se ajuste a las pautas constitucionales.
"Es necesario remarcar que lo dicho se produce, además, por inexistencia de coordinación con políticas que exceden el marco de acciones específicas respecto a las instituciones con finalidad de alojamiento o encierro de personas", expresó el informe.
"La nula capacitación que exhiben los operadores carcelarios, policías y agentes responsables de institutos de contención para jóvenes y los médicos de las instituciones neuropsiquiátricas --agregó--, en relación a las normativas actuales relacionadas con su función, tiene características alarmantes".
Finalmente expuso que "en claro incumplimiento de los estándares" se evidencia "omisión y contrariedad de las reglas de tratamiento" exigidas por las leyes sin que el Estado asuma responsabilidad al respecto.
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