¿Y si al cuerpo de Facundo Rivera Alegre no lo cremaron? La sensación quedó flotando en la sala de audiencias de la Cámara Undécima del Crimen tras la cuarta jornada del juicio por la desaparición y muerte de Rivera Alegre, el chico de 19 años del que nada se sabe desde febrero de 2012.

Los testimonios de los empleados del cementerio municipal de barrio San Vicente dejaron en claro dos o tres aspectos no menores para lo que será la continuidad del debate. 

Uno de esos aspectos es que el exempleado municipal Aldo Monje era un tipo bromista, “jodón” y poco instruido hasta para utilizar un teléfono celular.

¿Cómo haría entonces para encender un horno crematorio y encubrir el accionar de los supuestos asesinos?. 

Este miércoles finalizaría la toma de testimonios. El próximo lunes 24, será el turno de los alegatos. El fallo se conocería el mismo día o a mediados de semana.

En la jornada de ayer literalmente Monje quedó desligado de la causa que tiene como principales sospechosos a los hermanos Rearte, Pablo (31) y K. (17).

El segundo punto es que si la cremación del cuerpo de Facundo existió, en base a los testimonios vertidos en la Cámara, se habría montado «una complicidad seria muy grande» al decir del delegado gremial del sector, en el que la Policía de la Provincia sería un baluarte clave en ese encubrimiento, ya que desde ese año -2012- la responsabilidad de las llaves del crematorio era exclusivamente de la guardia designada. ¿Sería esa la “pata” policial en la que insistía la querella sobre la presunta connivencia?

Y el último punto es que si no se hubiese producido la cremación del cuerpo sin vida de Facundo, asesinado de un balazo en la cabeza en barrio Maldonado en medio de una supuesta discusión por un billete falso, ¿cuál fue el destino del cuerpo? ¿Deberá retomarse la búsqueda? ¿O, esperar que finalmente los presuntos asesinos rompan el silencio sobre dónde habrían arrojado el cadáver?

«La instrucción se cae a picada», sintentizó el abogado querellante Carlos Orosz al cierre de una nueva jornada del juicio, al tiempo que consideró que la acusación contra Monje estaría tambaleante, punto en el que coincidió el fiscal Diego Albornoz.

Seguridad, sospechas y hornos

Durante la cuarta jornada del juicio por la desaparición y muerte del “Rubio del Pasaje” seis empleados municipales, en su mayoría aún trabajando en el cementerio municipal de barrio San Vicente, desfilaron ante el tribunal presidido por la doctora Susana Frascaroli.

El primero de ellos fue Marcos Quiñónez, que cumplió funciones en esa dependencia municipal durante tres meses, que durante la instrucción hizo referencia a ciertas irregularidades en la cremación de cuerpos. A pesar de su corto paso por el lugar, comentó que una sola persona no podía manipular un cuerpo en proceso de descomposición.

Juan Ramón Noriega, trabajador desde principios de la década del 80 en el cementerio, dijo que el crematorio tenía un encargado, y que nadie que no pertenecería a ese sector no podía acceder. «Sin conocimientos no se podía manejarlos», agregó.

El exdirector del cementerio, entre los años 2011-2013, Gonzalo Suárez, recalcó que la guardia constante de la Policía era el único responsable de las llaves del crematorio, e incluso indicó que existía un libro de guardia donde se asentaba quién entraba y salía, y qué actividad se realizaba en los hornos.

«Si alguna vez el portón de acceso quedó abierto fue exclusiva responsabilidad de la policía», respondió ante la pregunta sobre qué pasaba cuando con la puerta del cementerio.

Recalcó que las cremaciones estaban habilitadas sólo por la mañana, en el horario de 7.30 a 12.30.

Otro empleado municipal, Lucas Fioramonti, puntualizó que no había chances de prender el horno sin que nadie se enterara.

Walter Baigorria, a su turno, recalcó: «Yo sé que Aldo (Monje) no fue. Es un chico que no ha tenido oportunidad como nosotros».

El trabajador, que estuvo trabajando en el crematorio y fue capacitado para el manejo de los nuevos hornos, dijo que ni a los parientes de los muertos dejaban acceder al lugar.

Finalmente, el delegado gremial, Víctor Arce, puntualizó que era imposible realizar una cremación ilegal. «Si fuera así la complicidad sería muy grande, no sólo bastaría con la complicidad policial».