Los concejales denuncian que la Justicia no ha avanzado en 16 meses pese a la voluntad tanto de ese Cuerpo como de las autoridades municipales para recuperar las tierras públicas usurpadas. Las fincas ya habían sido adjudicadas a más de 150 familias que no pudieron tomar posesión porque, sostienen los ediles, los actuales ocupantes apuestan a la violencia y aprovechan la no intervención judicial. Advierten que se estarían produciendo escaramuzas que atentan contra la paz social de la localidad.
“Nos preocupa la impunidad con la que se manejan determinados actores sociales, los que en forma absolutamente ilegal e ilegítima sobrepasan las instituciones y sus autoridades ignorando cualquier sujeción a las normas de orden público que hacen a la convivencia ordenada y pacífica de toda sociedad, escudándose en la inacción judicial, la que los incentiva a violentar la propiedad llegando al límite de amenazar la vida y atentar contra la integridad de quien intenta cumplir con la ley”, indicaron.
Advierten que no usarán la fuerza pública ni se extralimitarán en sus facultades; en cambio, volverán a acudir a la Justicia, que si se mantiene al margen de la resolución de este conflicto, “debería manifestar su incompetencia”.
“Por Resolución Municipal se invitó a la doctora Pistán de Loto a reunirse con el Cuerpo Deliberante; lamentablemente este encuentro no pudo darse. No nos queda más que hacer votos para que la Justicia se expida en el más breve lapso posible deslindando toda responsabilidad por los lamentables hechos de violencia que se están suscitando, y que la demora en la resolución de la causa no hace más que agravar”.
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