La semana pasada, tras el conflicto salarial en la Policía, el gobernador José Alperovich reconoció que, en materia de seguridad, su gestión tiene cuestiones pendientes por resolver.

A partir de ello, incluso desde el oficialismo, se admitió, sin dar mayores detalles, la posibilidad de que se implementen reformas en programas de esa área, e incluso, de que concreten movimientos en la cúpula policial.

Sin embargo, en esa suerte de “reconfiguración” del esquema de prevención y seguridad ciudadana, el Ejecutivo parece no tener interés, al menos por el momento, en avanzar con una estructuración de normas que ayuden a superar las dificultades que se plantean en dicho ámbito.

En este contexto, cobra relevancia el hecho de que, a cuatro años de haber sido sancionada por la Legislatura provincial, la Ley de Protección de Testigos sigue sin ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Vale recordar que el tratamiento de la norma, que fue aprobada en 2006, fue establecido a partir del asesinato de Paulina Lebbos. Y es, justamente, el padre de la adolescente quien lidera los mayores reclamos para promover y reglamentar la Ley en cuestión.

"Estamos ante la presencia de una clara infracción a la república, porque en la letra del mismo proyecto se sostenía la limitación de tiempo en 90 días desde la promulgación. No es de sorprenderse esta violación constante, pues constituye la naturaleza de este Gobierno que odia a la verdad y la justicia", resaltó Alberto Lebbos al ser consultado por este medio.

Asimismo, quien fuera el fundador de la "Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad" sostuvo no encontrar una explicación racional ante el estado de situación que se ha configurado por el incumplimiento ejecutivo: "Lo que llama la atención es que ningún fiscal o juez haya pedido mínimas argumentaciones del por qué no se aplica la ley. Tan solo esta clara infracción y agravamiento procedimental amerita un juicio político a los funcionarios que no ejercitan cabalmente el rol que deben acreditar frente a la ciudadanía".

A su vez, Lebbos graficó las instancias a las que se encuentran expuestas aquellas personas que deben prestar testimonio ante magistrados para el esclarecimiento de determinadas tipologías de casos delictivos: "En la actualidad, la indefensión de la que forman parte los testigos es alarmante. Se encuentran totalmente desamparados, lo que moviliza el miedo de la gente que se siente amenazada y termina por garantizar una mayor impunidad al no posibilitar la resolución de los casos planteados".

Dependencias cuestionadas

Es dable destacar que la legislación de la discordia determina la creación del Departamento de Protección de Testigos, organismo que tendrá como finalidad la adopción de medidas especiales para la protección de la vida e integridad física de testigos como así también de su núcleo familiar.

Recalca la norma que el grado de cobertura preventiva se sustanciará en aquellos individuos que "hubiesen colaborado con las investigaciones judiciales, a través de su testimonio en causas penales aberrantes o complejas, protegiéndolos de los peligros que pueda ocasionar su declaración, en tanto la misma resulte conducente y útil a los fines del descubrimiento de la verdad material en el hecho investigado".

Si bien es cierto que el órgano encargado de concretar la revisión del procedimiento administrativo y organizativo es la Secretaría de Derechos Humanos, es el Ministerio de Seguridad Ciudadana quien debe proveer las medidas necesarias para la protección de los testigos implicados en los sucesos particulares.

Justamente, fueron estas dos dependencias ejecutivas las que recibieron las mayores críticas por parte del ex Subsecretario de la Juventud de Tucumán, al describir que "el actual secretario de Derechos Humanos (Humberto Rava) no hizo absolutamente nada para hacer operativa esta herramienta fundamental para la población. Incluso, muchos de los familiares de desaparecidos en la Dictadura bregan por el cumplimiento de la ley. Parece ser que existen funcionarios que son mercenarios de los Derechos Humanos", lanzó.

Sus objeciones fueron más allá hasta llegar a poner sobre el tapete el accionar de la cartera ministerial que conduce Mario López Herrera: "Los últimos sucesos en la policía dan cuenta que se ha producido un quiebre de autoridad impresionante en donde la policía es sólo utilizada para cuestiones políticas. Por lo que la fuerza y el ministerio no resultan confiables ya que no cumplen los fines para los que fueron creados".

En esa dirección, Lebbos no concuerda con el marco resolutivo de la ley que contempla al Ministerio de Seguridad como garante de la funcionalidad de protección: "Con todas las falencias que se observan, es como si pusiera al zorro al cuidado de las gallinas", comparó.

Entre otros de los puntos de la Ley se proyecta la asistencia a los testigos en la obtención de un nuevo trabajo o plan social, mantener el anonimato de las personas como así también proveer de inmuebles mientras dure la medida judicial. Todas estas medidas poseen una vigencia que abarca desde el proceso iniciado y hasta los dos años posteriores a su respectiva finalización.

La ONU destacó objeciones a los Un informe confeccionado por la Organización de las Naciones Unidas trazó serias críticas a la implementación por parte del Gobierno Nacional de lineamientos y programas tendientes a la protección de testigos que se relacionen con causas y juicios en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la última Dictadura Militar.

De acuerdo a lo resaltado por el documento se da cuenta al respecto de leyes inadecuadas, falta de normas específicas y de presupuesto, personal de seguridad poco preparado, descoordinación entre las agencias nacionales que brindan protección a los testigos, asistencia insuficiente e incapacidad de investigar y prevenir las amenazas, son sus principales observaciones."El Estado que violó los derechos en el pasado es el mismo que ahora debe garantizarlos", explicó el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra.

De hecho, ese es uno de los puntos que critica el trabajo: los testigos temen que los policías que los cuidan "tengan vinculación directa o ideológica con los acusados", argumenta la ONU.programas del Estado Nacional