Ayer, el fiscal de Instrucción Nº 2, Mauricio Navarro Foressi, los notificó de la imputación que recae sobre todos ellos, por el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada y tortura en concurso real”. Tal como lo había publicado este medio, el martes se habían presentado espontáneamente al saber que sobre ellos se estaba por hacer efectiva una orden de detención.

Con el patrocinio legal del abogado Luciano Rojas, los cuatro policías fueron indagados pero actuaron de la misma manera: negaron el hecho imputado y expresaron intención de ampliar luego sus dichos.

Posteriormente fueron trasladados a sus lugares de detención. Según se pudo conocer, están distribuidos entre la dirección de Bomberos y la base de Abigeatos.

El próximo paso será la realización de las respectivas audiencias de control de detención en el Juzgado de Control de Garantías en turno.

El abogado defensor de los uniformados señaló que la calificación por el caso debe ser por apremios y no por tortura. Ésta tiene una pena mucho mayor en el caso de confirmarse la responsabilidad.

Paucará

En cuanto a Paucará, quien a causa de los tormentos sufridos debió ser intervenido quirúrgicamente y perdió parte de un órgano, continúa hospitalizado y se pudo conocer que los facultativos le dieron algo sólido de comer para testear cómo responde a dicho estímulo. El joven, sostén de su familia, aspira poder regresar a trabajar tranquilo.

Los pesquisas continuarán abocados a recabar material probatorio, por lo que podrían tomarse nuevas declaraciones testimoniales aparte de las ya vertidas en el expediente. Hasta el momento, se encuentran en la causa además de las denuncias y las versiones de los hermanos Paucará, el relato del remisero que los trasladaba cuando fueron interceptados por el móvil de la Décima que se llevó a Ricardo Paucará.

El 20 de julio, Paucará junto a sus hermanos salían de trabajar cuando fueron emboscados por el móvil. Su detención como sus golpes fueron totalmente arbitrarios.

Pedirán informes

La Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Catamarca (APDH) solicitará informes sobre los casos de abuso de autoridad registrados en el ámbito provincial a los fines de elaborar un registro.

Cabe destacar que la investigación surge a raíz de un habeas corpus concedido por el juez de Garantías en feria, Rodrigo Morabito.