Cuatro empresas se disputan la privatización del cobro de tasas de propaganda y publicidad en mora

Este miércoles se abrieron los sobres de la licitación Nº 06/10 denominada “Contratación sistema de detección, verificación, determinación, liquidación, seguimiento de pago y gestión prejudicial por derechos de publicidad y propaganda, de ocupación o uso de espacios públicos, y tasa por inspección e instalación de antenas”. Cuatro empresas presentaron ofertas. Se trata de Tercerización Ingresos Públicos SA, Colltax SA, Semcor SA y la UTE Publivial y Jet Publicidad.
Mientras que este viernes también se abrirán los sobres de la licitación pública Nº 07/10 denominada “Contratación del servicio de gestión, intimación, recupero y cobranza extrajudicial de créditos municipales por la tasa por servicios urbanos; tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública; tasa de conservación, reparación y mejorados de la red vial municipal; tasa por inspección de seguridad e higiene; y multas por contravencionales”.

Ambas licitaciones significan la privatización de la recaudación impositiva: el Estado Municipal pretende delegar facultades a manos de empresas privadas que se encarguen incluso de las gestiones de cobro prejudicial de esos tributos.

La intención del Departamento Ejecutivo de privatizar el cobro de tasas a morosos, es llamativa, en cuanto delega funciones básicas del estado, que debiera tener todas las condiciones para ejercer por sí, la potestad tributaria y el poder de policía.

Concretamente, el rol de la empresa consistiría en localizar a los deudores enviándoles cartas, notificaciones e intimaciones. A cambio de este servicio, percibiría un porcentaje de la deuda efectivamente cobrada.

Privatizar el cobro de las tasas en mora fue una iniciativa adoptada hace varios meses por el intendente Pulti. Inicialmente el gobierno local había manifestado su voluntad de contratar a una firma ligada al Grupo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Mandatos y Negocios, para confiarle esta tarea.

No obstante, una vez hecha pública esta intención, hubo objeciones de parte de los bloques de la oposición y partidos políticos, en desacuerdo con la idea de que el servicio se privatice y se concediera a través de un contrato directo

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