Por amplia mayoría, el Concejo le dio luz verde al proyecto del Ejecutivo. Hubo cambios; el más importante es que no habrá que estar inscripto en el Hogar Clase Media para competir por un terreno
El Instituto Municipal de la Vivienda había establecido que en el plan de 2010 sólo podrían participar las familias que hace cinco años se inscribieron en el plan provincial Hogar Clase Media. Según los cálculos del organismo que comanda Raúl Neme, unos 2 mil grupos familiares iban a estar en condiciones de estar incluidos en el programa de los lotes. Sin embargo, el Concejo eliminó esa restricción y ahora es imprevisible la cantidad de interesados que pueden llegar a inscribirse.
La única limitación para quienes no están en el Hogar Clase Media es el tiempo que tendrán para inscribirse: 10 días hábiles. Sin embargo, en esas dos semanas se espera una altísima demanda de la gente. Hay que tener en cuenta que en Río Cuarto se considera que 7 mil familias necesitan una vivienda pero en el Municipio consideran que el número real es aún mayor.
El proyecto que se votó ayer, si bien requería un número mayor de adhesiones al que normalmente se requiere, tenía el camino asegurado porque había sido acordado por el oficialismo y el PJ. Todavía falta una etapa posterior, la segunda lectura, porque la venta de bienes del Estado requiere un trámite especial dentro del Concejo Deliberante.
Los terrenos que saldrán a la venta están comprendidos entre las calles Castelli, Blas Parera, Alejandro Aguado y General Bustos. Es una superficie superior a las 20 manzanas. Del total, 300 terrenos serán para los gremios que no están incluidos en ningún plan nacional ni provincial de viviendas.
La adjudicación de los terrenos se harán por sorteo público y costarán 35 mil pesos. La gente tendrá que aportar una entrega inicial de 10 mil pesos más cuatro cuotas consecutivas de 2.500.
Una vez que se hayan pagado los 20 mil pesos iniciales, quienes resulten adjudicatarios tendrán 36 cuotas para cancelar otros 15 mil pesos que se destinarán a la infraestructura.
Los concejales introdujeron una clásula de retroventa; esto es, si quienes compraron los terrenos no construyeron su vivienda en 36 meses -excepcionalmente el plazo puede extenderse a 48-, deberán venderle el terreno a la Municipalidad al mismo precio.
Sólo tres concejales votaron ayer en contra de la operatoria: Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica; Enrique Novo, del Frente de la Gente, y Jorge Cendoya, del oficialismo.
Scoppa manifestó que una de las razones del rechazo es que el proyecto no contempla la obligación de que el Municipio deba comprar más bienes de capital para retroalimentar el programa de venta de terrenos.
Pero, además, indicó que, tal como se aprobó, se está beneficiando la especulación inmobiliaria porque les permite a los compradores vender los terrenos sólo cuatro años después. "Debería fijarse un plazo de 10 años para que no se tome como una posibilidad de ganar dinero con un plan del Estado", manifestó Scoppa.
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