Desde agosto del año pasado venimos trabajando en la aprobación de una modificación a la Ley 24.660 de régimen de ejecución de la pena, fundamentalmente para que el cumplimiento de la condena no se vea reducida, como sucede en muchos casos, con los resultados trágicos que han provocado víctimas como el reciente caso que conmociona al país, sino que el cumplimiento integro de la pena lo hagan en la cárcel, en el marco de programas de resocialización.

En noviembre, el proyecto fue aprobado en diputados con el voto en contra del FPV, y pasó al senado para avanzar hacia su sanción, pero desde esa fecha, ha existido un freno en el tratamiento del proyecto por la misma fuerza política. Está claro que cuando el PFV, con su amplia mayoría en el senado, deje de frenar y obstruir, podremos avanzar en la prohibición de salidas transitorias y anticipadas para delitos graves, tales como el homicidio o los delitos contra la integridad sexual.

Hay una posición falsamente ideologizada que entiende al garantismo en términos de liberar presos y acortar condenas, como si los derechos de quienes delinquen tienen un rango superior al de las víctimas. Estar privadas de libertad no significa una reducción arbitraria de sus derechos humanos, es la consecuencia de sus acciones delictivas, evaluadas en un proceso penal con todas las garantías de defensa.

Muy por el contrario, liberarlos constituye sí una violación de los derechos humanos de quienes tienen que convivir con quienes no han cumplido su pena, ni tampoco han transitado por un proceso de resocialización, motivo por el cual la gran mayoría vuelve a delinquir, y en casos de delitos sexuales en más del 90% de los casos.

Hay que proteger a la sociedad del crimen, y el primer paso es lograr que los delincuentes cumplan su condena en los establecimientos carcelarios.

Esta proyecto de ley que ya tiene media sanción, conjuntamente con la Ley de protección de víctimas, y otras que se han aprobado en el orden nacional como la Ley de flagrancia, son leyes que están dirigidas en el rumbo correcto, el de proteger a la sociedad, con normas que favorezcan la celeridad de la justicia y el cumplimiento de las condenas, y son el fruto de la decisión de un gobierno que no quiere venganza, ni castigo, simplemente justicia.