En un histórico juicio, los represores fueron encontrados culpables del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, junto a Domingo Vera, resultando todos ellos condenados a prisión perpetua efectiva. Estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en la última dictadura cívico militar.

Según reza el documento de CTERA, “Este proceso tuvo una enorme significación para la provincia de La Rioja, porque los curas – popularmente conocidos como los mártires de Chamical – se encuentran presentes en la memoria de los sectores religiosos y no religiosos, con una enorme raigambre popular. Las audiencias se desarrollaron con el acompañamiento de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, entre ellas la CTA y la Asociación de Maestros y Profesores”.

Desde CTERA explicaron además que “este fallo ordenó que Menéndez, que se encuentra detenido en Ezeiza, y Estrella, con detención en el penal de La Rioja, cumplan arresto en el domicilio que los mismos genocidas designen” lo que causó gran malestar entre los sectores ligados a los Derechos Humanos.

Allí se argumenta que no está firme la condena y no hay razones para modificar la situación procesal.

“Consideramos este fallo de los jueces de feria de la Cámara de Casación Penal como contrario a la condena social de los militares que secuestraron, torturaron y asesinaron a los mártires”.

Concluyendo, el documento de CTERA explica que “en este contexto, en el que gran parte del poder judicial se muestra aislado de las demandas sociales de justicia, consideramos oportuno el debate sobre la democratización de esta estructura. Este poder se caracteriza por la cantidad de mecanismos de tipo personal e informal que lo regula. En este sentido, consideramos necesario pensar y discutir sobre el ingreso al circuito administrativo, la división de tareas, la selección y periodicidad de los jueces”.