Un crudo diagnóstico de la realidad que padece Bariloche con efectos económicos importantes a nivel municipal y privado, motivó la declaración de la emergencia social y económica por un año sin contemplar un régimen simplificado de aprobación de obras privadas como pretendían arquitectos y el Ejecutivo, pero con un listado de planteos financieros que se expondrán ante Nación.
La única disidencia del Concejo con el texto del Ejecutivo fue el anexo que planteaba un régimen simplificado para la aprobación de obra privada con el argumento de agilizar la concreción de obras y garantizar la mano de obra en el rubro de la construcción.
Este punto que surgió de un planteo del Colegio de Arquitectos que reclamó agilizar las obras y eliminar pasos en la administración pública para autorizar construcciones, tuvo el rechazo de los concejales que eliminaron de la emergencia el anexo debido a que en paralelo desde hace varios meses trabajan en un proyecto referido a la construcción y los expedientes.
El proyecto aprobado incluye un anexo con un diagnóstico y medidas a adoptar en materia económica y otro social contemplando en este caso la ampliación de los planes sociales de Nación y provincia, con la incorporación de 300 beneficiarios más en el programa Comer en Familia, duplicar la leña del Plan Calor y duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo que actualmente tiene un valor de 220 pesos por niño.
También se incluye la necesidad de duplicar el aporte de $ 65 que se entrega a 1.200 familias con el Plan de Seguridad Alimentaria por el transcurso de seis meses, incluir a Bariloche en el programa nacional Argentina Trabaja y fortalecer la entrega de material para el mejoramiento habitacional.
El contenido de los anexos aprobados será el documento que la comitiva local lleve el lunes a diversos organismos nacionales donde además se pedirá –según consta en el proyecto de la emergencia- la entrega de 10.000 planes REPRO por un monto de $ 2.000 cada uno por el plazo de seis meses, un planteo elevado a comparación de los planes otorgados años atrás que incluían el costeo del Estado de una fracción de $ 600 de los salarios del sector hotelero y gastronómico.
El listado de necesidades que se elevarán a Nación incluye la rebaja en combustibles, la exención impositiva, la postergación de monotributos y prórrogas en vencimientos, además de la extraordinaria medida de eximir a los productos de la canasta familiar y alquileres el 21% equivalente al IVA.
El texto incluye también un pedido de un Aporte del Tesoro nacional por 16,5 millones de pesos considerando esta cifra como las pérdidas municipales por la caída en la recaudación y el incremento del gasto público ante la emergencia.
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