Mientras ayer el Gobernador volvió a negar que el beneficio impositivo para otras provincias estuviera vigente, la oposición quiere saber cuáles son las negociaciones.
"Entenderán que si uno está en negociaciones lo menos que puedo hacer es comentarles a ustedes en qué situación estamos, porque sería perjudicial para la provincia de Mendoza", sentenció para eludir cualquier explicación .
Y, casi al mismo tiempo, la oposición le contestó incrédula desde la Legislatura. "Ya dijo el año pasado que sólo Dios y él sabían lo que se había hecho y se equivocó. El decreto sigue vigente", dijo el senador radical Sergio Moralejo.
Ambas afirmaciones reflejan el tironeo que se vive entre oficialismo y oposición por la polémica Promoción Industrial. Desde la Casa de las Leyes partirán las invitaciones al ministro de Producción, Raúl Mercau; al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas y al asesor de Gobierno, César Mosso Gianinni, para que los tres se presenten el martes de la semana que viene en el Salón Rojo del Senado y expliquen las opciones a barajar para detener la aplicación del decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández el año pasado.
Los diferimientos impositivos que benefician a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca abren no sólo posibilidades a empresas para radicarse en las provincias que rodean a Mendoza. También se transforman en uno de los campos de batalla discursivo de las próximas elecciones.
Así es que radicales y demócratas afilan las palabras para hacerle pagar el costo político al oficialismo por las posibilidades que abre el decreto.
Los antecedentes
La historia del decreto 699 firmado por Cristina Fernández es larga. Hace casi un año se inició el periplo de esa norma. En el medio, Mendoza desistió de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Gobierno nacional exigía levantar cualquier juicio en su contra para ingresar al programa de Desendeudamiento, que Celso Jaque firmó.
Luego vino el amparo presentado por la Cámara de Comerció de San Rafael y desde entonces la aplicación estaba suspendida hasta que, hace dos semanas, el tribunal federal integrado por Alfredo López Cuitiño, Otilio Romano y Antonio Alberto Endeiza, rechazó el amparo, por considerar que la Cámara empresaria sanrrafaelina no tenía representatividad.
La nueva vida del decreto y sus posibles efectos adversos a la economía de la provincia son el eje de la discusión política por estos días. Así, ayer por la mañana, los mensajes salían desde Casa de Gobierno y la Legislatura. De un lado, el optimista Jaque, del otro, la lúgubre oposición.
"El decreto 699 no se está aplicando y no se va a aplicar. Si bien ha existido una decisión bastante polémica por parte de la Cámara Federal de Mendoza, el decreto en sí no se está aplicando; esto es lo que más nos importa porque es la primera forma de poder garantizar no tener ningún tipo de perjuicio para la provincia de Mendoza", decía el Gobernador.
"El decreto está vigente. El Gobierno debería juntarse con los partidos políticos y las cámaras empresariales, para hacer frente al decreto con el respaldo de toda la comunidad" decía Moralejo; "el Gobierno ha tenido una actitud fláccida frente a la Nación" decía el vicegobernador Racconto.
Así, en la Legislatura, luego del cónclave del que participaron diputados y senadores provinciales, se definió invitar al ministro Mercau, a De Rosas y a Mosso Gianinni a una reunión para la mañana del martes que viene y analizar las posibles acciones conjuntas a tomar.
Desde la Casa de Gobierno, Jaque aseguraba que tanto él como sus funcionarios no estaban de brazos cruzados: "Seguimos trabajando con el Gobierno Nacional a los efectos de encontrar el mejor mecanismo que permita que en nuestra provincia se cumpla lo que hemos siempre sostenido: no tener ningún tipo de desventaja", pero inmediatamente después decía que "entenderán que si uno está en negociaciones lo menos que puedo hacer es comentarles a ustedes en qué situación estamos, porque sería perjudicial para la provincia de Mendoza.
De lo que deben tener plena certeza es que como gobernador voy a defender los intereses de mi provincia como corresponde, pero no daré a conocer absolutamente nada de las cosas en las que venimos trabajando".
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