La diputada Argentina Martínez, presidenta del bloque mayoritario, recordó que el cálculo de gastos y recursos para el año próximo debió ingresar en octubre y recién aterrizó en la mesa de entradas de la legislatura el 10 de diciembre.

La presidente del bloque del Frente para la Victoria, Argentina Martínez, responsabilizó al Poder Ejecutivo por el fracaso de la ampliación presupuestaria para este año, que se dedicaría a pagar sueldos y aguinaldos. La legisladora explicó que ese proyecto ingresó a Legislatura el 10 de diciembre y en la sesión del jueves regresó a Comisión porque según su versión, “desde un principio sabíamos que los endeudamientos no pueden ser aprobados por la Legislatura: es un impedimento constitucional”.

El bloque K se lo transmitió al gobernador Martín Buzzi. “Buscamos la forma de poder salvar esta circunstancia, cuya responsabilidad no es del Poder Legislativo ni mucho menos del Frente para la Victoria, sino de quienes han llegado a fin de año y son responsables de tener en cuenta partidas para pagar sueldos, aguinaldos y gastos, y llegan a fin de año sin saber que les iba a faltar dinero y solicitando un endeudamiento para gastos corrientes que la Constitución, en su artículo 135 inciso, 15 es muy clara de que no está permitido”. Según “Ika”, ante la propuesta del Ejecutivo “le transmitimos que había una imposibilidad y como no se pudo salvar la situación, el proyecto volvió a comisión”, esgrimió.

“Si desde el momento en que existió el problema de Cerro Dragón la propia ministro de Economía, Gabriela Dufour, nos expresó que su preocupación era llegar a fin de año pagando el aguinaldo y los sueldos, lo que no se entiende es que el 10 de diciembre se dio cuenta de que no tenía partidas para pagar el sueldo. Esto nos hace suponer que le hicieron mal el control o alguien sumó mal en Economía, pero no fue la Cámara y mucho menos fue el Frente para la Victoria”, sostuvo.

En cuanto a las reuniones previas con Economía, Martínez describió que estuvo la ministro, subsecretarios, la contadora general de Gobierno y hubo consultas incluso al Tribunal de Cuentas. “Las Letras sirven para salvar algún déficit dentro del ejercicio. Cuando lo superan se convierte en endeudamiento y la Constitución nos dice que endeudamientos para gastos corrientes no está permitido. Cualquier funcionario que está ocupando un cargo importante, por lo menos debe conocerlo”, aseveró la diputada.

-¿Estuvo mal asesorado el Ejecutivo?

-En realidad yo lo único que tengo que ver es que llega un proyecto de ley que no corresponde aprobar porque está desfasado en el tiempo, dado que el 10 de diciembre llegó a la Cámara. Los que sí deben estar analiza ndo esto y a la situación a la que se llega en estas circunstancias es el Ministerio de Economía y en la cabeza del Gobernador, por qué paso esto en ese organismo que es su responsabilidad.

Martínez aseguró que tras el rechazo parlamentario, “no mantuvo ningún contacto” con Fontana 50. Y en cuanto a la chance de que haya una sesión extraordinaria, explicó que “depende del Ejecutivo porque ya estamos en receso y esa comisión ya está funcionando. Si el Gobierno solicita una extraordinaria sobre los temas que mande, analizaremos lo requerido”.

“La readecuación del presupuesto 2012 el Gobierno la hace por decreto el mismo 1º de enero y si quiere una extraordinaria para que tratemos el presupuesto 2013, lo puede hacer en cualquier momento mientras estemos en receso”, precisó.

En cuanto al proyecto de ley de presupuesto 2013, admitió “diferencias” entre el cálculo del Poder Judicial con lo que envió el Ejecutivo con el presupuesto general. “No nos compete a nosotros poder salvarla sino que es una negociación del Ejecutivo con los poderes para llegar a un número y no existan estas diferencias”.

Hay otras leyes de afectación de fondos que no están en el presupuesto: “Se le pasó a alguien que no verificó las leyes que sacamos en Legislatura para afectarla al presupuesto. Además tenemos desagregados de infraestructura y de responsabilidades del Tesoro para que lo verifiquen los intendentes”.

“Muchos intendentes tienen su presupuesto aprobado, que lo han hecho sin tener el presupuesto general de la provincia y proyectaron en base a su presupuesto anterior, no en base a un proyecto presupuestario provincial –añadió-. Generalmente los municipios se basan como nosotros lo hacemos con el presupuesto nacional, así que chequeamos con cada mandatario lo que corresponde por ingresos y un programa de obras que fue solicitado al Ejecutivo y si figura o no dentro del presupuesto”.

Respecto a sí el gobierno al pedir una extraordinaria verificará si tiene consenso para aprobar las leyes que necesita, la jefa del bloque K indicó que “es lo que uno espera. Por ahí uno falla en el diálogo o en la información para afuera como para adentro; incluyo al bloque del FPV que quizás estemos fallando en la comunicación. Cuando vienen leyes muy importantes deben ser consensuadas previamente o al menos consultadas antes de que lleguen para que después nadie se enoje y no quede el Frente como el malo de la película”.

La diputada dijo que a este escenario “hay que revertirlo para el año que viene y hay predisposición para eso. No tengo ninguna duda de que el Ejecutivo y el Legislativo quieren lograr un mejor diálogo y relación. Queremos proveer al gobernador de todas las herramientas para que pueda desarrollar su proyecto de gobierno sin poner palos en la rueda”. En este sentido graficó que “en esta gestión hemos aprobado más de 70 proyectos del Poder Ejecutivo. Imagínese si no queremos apoyar el gobierno de Martín Buzzi”.

"Eso es responsabilidad del ejecutivo" aclaró como tomando distancia del problema la legisladora kirchnerista.

Desde el gobierno no tardaron en contestar.

Fue el ministro coordinador de gabinete, Ricardo Trovant, quien recordó que la demora no fue por “una actitud remolona” del gobierno sino por la necesidad de consensuar obras e inversiones, lo que implica un mayor tiempo de consulta con todos los sectores involucrados.

Recordó que el presupuesto es de todos los poderes del estado y no siempre el judicial y el legislativo tienen los mismos tiempos que el ejecutivo, quien debe confeccionarlo.

Para marcar diferencias con el gobierno anterior recordó que se pudo hacer como en otras épocas, que se enviaba sin consulta el proyecto de presupuesto y salía a las apuradas sin el consentimiento de los actores institucionales.

Se manifestó preocupado por la manera con la que deberán administrar en los próximos días los fondos públicos ya que al no existir partidas aprobadas deben readecuar las pocas que tienen con las dificultades propias de fin de año que implican, entre otras cosas, la imposibilidad de acceder a créditos.