El proyecto presentado por el diputado José Garzón Maceda y algunos aliados al oficialismo en la Cámara de Diputados está levantando polémica, ya que amplía las facultades de la Dirección General de Rentas y empareja a su titular con el cargo de un ministro del Superior Tribunal de Justicia, eliminando la facultad del Ejecutivo de colocar o remover al funcionario.

Aunque el autor de la iniciativa defendió su propuesta porque le dará más facultades al organismo para recaudar los gravámenes y evitar evasión o elusión fiscal, desde la oposición e instituciones como el Colegio de Abogados, se advierte que viola la Constitución provincial.

Isaac Lenguaza, ex presidente del Colegio de Abogados y delegado local ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados, consideró que el proyecto es inconstitucional. "Los fueros y la inamovilidad las da la propia Constitución. No puede hacerse por ley, porque es resorte del Ejecutivo designar o remover al director de Rentas", analizó.

El abogado señaló que "hay fallos de la Corte Suprema que ratifican esta postura, ya que por otra ley podés sacarlo (al funcionario), la inamovilidad debe ser constitucional para que funcione".

"La idea de que el director de Rentas solo pueda ser removido por un Jurado de Enjuiciamiento es una intromisión en la división de poderes", cuestionó.

"Me asusta, me preocupa", agregó el diputado peronista Miguel López.

El legislador marcó que "si no es un proyecto del Ejecutivo, es preocupante políticamente porque se le quita poder al gobernador, a este y a los sucesivos. De la parte jurídica, la conducción de Rentas no está contemplado en los artículos 151 y 158 de la Constitución".

López atribuyó el proyecto de sus colegas a "una alianza" con la Renovación, que viene a influir en la interna del oficialismo.