El atropello del Municipio de Bariloche a la libertad de expresión, parece no tener límites. La persecución a los medios de comunicación que molestan al gobierno Municipal, ingresó en una escalada de criminalización y judialización de la información pública sin precedentes.
Lección práctica de cómo el gobierno municipal, que se dice kirchnerista, calla a la prensa crítica en tiempos de la nueva Ley de Medios.
Unos días atrás se pudo ver al intendente Goye que arengaba a la tropa que le queda parado delante de una bandera que rezaba “hacer tronar el escarmiento”, desde el Mensajero nos preguntábamos ¿a quién le harían tronar el escarmiento?, la respuesta llegó pocas horas después a través de una ofensiva judicial sobre los medios de comunicación de la ciudad que se animan a algunas críticas a esta gestión que tanto va desilusionando, pero esta práctica no es nueva para el intendente, en julio pasado presentó un Amparo Informativo contra el periodista Daniel Marzal, que en el diario Río Negro informó que el Intendente Omar Goye mantenía una deuda con la municipalidad de Bariloche, contradicción difícil de sostener en cualquier sociedad civilizada, los abogados del Río Negro se pusieron a trabajar y le hicieron morder el polvo dos veces a este intendente que festeja a diario la pluralidad de voces por venir el 7D, en esa oportunidad perdió las dos instancias: el juez Riat y la Cámara de Apelaciones en lo Civil le fallaron en contra, con costas a su cargo, porfiado presentó casación y ahora espera resolución del STJ.
La semana pasada la sociedad barilochense se enteró preocupada del allanamiento a FM Horizonte del periodista Marcelo Parra en plena emisión de su programa radial, y el secuestro y requisición de la información alojada en sus computadoras, unos días antes la justicia civil de Bariloche, que extrañamente tiene una velocidad abrumadora si de investigar a la prensa crítica se trata, había allanado también las oficinas de FMKM buscando información en las computadoras del periodista Santiago Rey, no hay información estadística pero se podría asegurar que desde la finalización de la dictadura no debe poder encontrarse una serie de acciones coordinadas, entre el poder político de la ciudad y la justicia rionegrina, que ataque con acciones judiciales a 2 radios y 3 diarios en un lapso tan corto de tiempo, con allanamientos, secuestros de material, demandas y condenas.
Las violentas búsquedas de material realizadas en los allanamientos no siguieron ninguna de las pautas normales con que se suele proceder en estos casos, el sentido común y la práctica democrática para la que la libertad de expresión es un bien fundamente aconsejan pedir las grabaciones a las radios antes que allanar, nada de esto se hizo, se entró sin comunicación previa y se violó la información de las computadoras que por ejemplo podrían contener fuentes protegidas de estos u otros temas.
El Mensajero Digital no ha quedado afuera de estos ataques, el día Viernes a última hora nos llegó una comunicación del juzgado de Cuellar en la que se nos condena a desmentir en varios medios que el funcionario municipal Lucas Gattas tenga vinculación con Outdoors Media (empresa que comercializó la publicidad callejera de la ciudad y que se sospecha lo sigue haciendo en negro), y a pagar $ 3400- en honorarios al abogado de Lucas Gattas, que coincidentemente se llama Lucas Gattas, este amparo informativo sobre una nota de ANB que se replicó en el Mensajero Digital tampoco siguió ningún canal normal en los procedimientos judiciales, la parte demandada (El Mensajero Digital) no ha podido ver el expediente ni presentar argumentos ni defensa, una vez más la velocidad de la justicia rionegrina podría dejar pálidos a los tribunales de Guantánamo.
La maniobra es evidente, acallar las críticas, en ninguno de los casos busca el gobierno municipal explicar los puntos sobre los que se lo interpela sino silenciar a la prensa, hay muchos temas recurrentes que circulan en la calles, en las redes sociales, en los cafés de la ciudad, y se agolpan batiendo records de escándalos en un gobierno municipal que no llega a 1 años: la causa ARBOS, los $100.000 mensuales de la publicidad callejera que nadie sabe a que bolsillo van, las escrituras de las tierras vendidas en colonia suiza, el nuevo edificio municipal alquilado a familiares, el papelón de Cúparo, el ataque fallido a los estudiantes por el boleto, el Tony Carrillo, el Conejo Pereda, el Sony Martínez que ahora dirigiría DDB (el diariode IriGoye), en ninguno de estos casos el gobierno municipal demuestra fehacientemente su honestidad sino más bien trata de matar al mensajero, prácticas de menemismo puro dentro de un envase kirchnerista.
Hay muchos silencios incómodos, los de algunos periodistas que no se hacen eco de esta nueva crisis porque todavía no les tocó, los de muchos políticos que no repudian firmemente mostrando no tomar conciencia sobre este cortocircuito obsceno que hace chispazos en Bariloche.
Nos encaminamos definitivamente al 7D y a festejar la pluralidad de voces, pero en nuestra ciudad por ahora se acepta que el poder político coordinado con una justicia civil extrañamente expeditiva y violentadora de la libertad de expresión trate de callar las voces que no convienen.
Postdata:
-El abogado municipal Lucas Gattas que interpone el Amparo informativo fue procesado el año pasado por el juez Martín Lozada por esconder información a una clienta.
-El Escribano Repetur recientemente procesado por la agresión a Mauro Velasquez certificó por $ 150 más de 20 páginas de la demanda de Gattas, esta tarifa que lo convertiría en el escribano más barato de argentina ¿tendrá algo que ver con nuestra cobertura del ataque a Mauro?

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