La entidad responsable de la operación del Servicio Público de Transporte local precisó que la preocupación que se pone de manifiesto está originada en el hecho que los desacuerdos planteados entre los ediles “no hace otra cosa que descalificar al sector empresario y dilatar un reajuste de tarifas fundamental para asegurar la continuidad de un servicio público esencial como es el Transporte Urbano de Pasajeros”.

Para el sector empresario existe un importante desconocimiento sobre la problemática de la economía del transporte, en especial, en lo relacionado con las funciones de las tarifas y los procedimientos o protocolos de aplicación para determinar su valor y/o los reajustes que proceden.

Mediante un comunicado se hizo hincapié en la realidad económica que vive el país a partir del impacto producido por la devaluación del peso ocurrida en enero pasado.

Entre los efectos negativos para el sector, se planteó “una desocupación creciente que afecta a los servicios de transporte público atento a que se estima que el 80 % de los viajes se realizan por motivos de trabajo; un fuerte incremento en el precio de los insumos que demanda la operación del transporte (gas-oil, reajustes de convenios laborales, neumáticos, lubricantes, costo de las unidades, costo del mantenimiento, seguros, etc.)”.

“El Transporte Público de Pasajeros es un servicio oneroso, en el cual la tarifa constituye el eje fundamental con el cual se asegura la sustentabilidad del sistema, siendo por lo tanto su determinación y reajuste actos administrativos obligatorios para garantizar que los ingresos económicos que se obtienen con el pago de la tarifa por parte de los usuarios, cubra los costos de explotación garantizando la rentabilidad estipulada en los protocolos utilizados para la determinación de costos”, remarcó la UTE.

Por lo expuesto, se consideró “improcedente” el pedido de algunos concejales de una evaluación de la situación económica y financiera de las empresas para determinar la viabilidad de un reajuste tarifario.

“Así mismo preocupa que algunos concejales hayan manifestado que se podrá considerar un reajuste de tarifas cuando se presenten estudios serios poniendo en tela de juicio la veracidad respecto de la autenticidad de los parámetros operativos que utiliza esta UTE para la determinación de los costos como así mismo los montos declarados como subsidios recibidos por parte del Gobierno Nacional”, subrayó la entidad.

Más adelante, se puso el acento en la caída de la demanda producto de la crisis que vive la ciudad, y que no ha sido considerado por los distintos bloques del HCD.

“La estimación de esta UTE realizada con información al mes de Agosto del corriente año alcanza a un valor del 4 % anual cuyo efecto se combina con los mayores costos incidiendo en un mayor reajuste de tarifas para equilibrar la ecuación ingreso-costo empresario”, precisó.