La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dio a conocer ayer un informe lapidario sobre la situación de la democracia en Venezuela. Se trata de 300 páginas en las que se denuncia la intolerancia del gobierno de Hugo Chávez con la oposición política, la falta de independencia del poder judicial, las restricciones a la libertad de expresión y el uso desmedido de los medios de comunicación públicos, la impunidad con que se violan continuamente los derechos civiles de los venezolanos y los obstáculos que existen con respecto al libre ejercicio de la participación política. La reacción de Caracas no tardó en llegar.

El representante venezolano ante la CIDH, Germán Saltrón, desestimó el informe. "La CIDH basó sus investigaciones en denuncias presentadas por ONGs cuyas únicas pruebas son reseñas de los medios de comunicación que, como todos sabemos en Venezuela, la mayoría está en contra del presidente Chávez", denunció. Y agregó que la Comisión "apoyó el golpe de Estado'' contra Chávez en 2002, y mientras no reconozca su "error no volverá a Venezuela".

Uno de los capítulos más fuertes del informe es sin duda el que se refiere a la libertad de expresión. En una entrevista con esta corresponsal, la relatora para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero, dijo que en Venezuela "se ha desarrollado una evidente intolerancia a la crítica y al debate abierto y desinhibido, pues el gobierno parece considerar que cualquier cuestionamiento u oposición a sus políticas tiene un propósito subversivo o desestabilizador".

Para Botero, esta manera de ver las cosas, "los ha llevado a construir un marco jurídico que en lugar de favorecer la tolerancia y el pensamiento crítico y plural, patrocina un pensamiento único favorable a quien ejerza el poder". Ese marco jurídico, opinó Botero, "ha permitido la apertura de procesos judiciales contra personas que -como los estudiantes- se han limitado a manifestar su oposición a las políticas gubernamentales, y ha permitido la supresión de medios de comunicación que se caracterizaban justamente por su posición crítica frente a las políticas de gobierno".

Entre otros casos, el informe menciona el de Globovisión, poniendo como ejemplo cómo el gobierno intenta amedrentar a los medio en manos del sector privado. Y recordó el caso del 11 de mayo de 2009, cuando el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, acusó a la cadena de "terrorista", y a su director Alberto Ravell de practicar "terrorismo mediático" y de generar "zozobra y terror" en la población por la transmisión de informaciones sobre un sismo.

La CIDH denuncia también el uso abusivo de los medios de comunicación estatal y la programación en cadena ordenada por la presidencia. "Entre febrero de 1999 y julio de 2009, los medios de comunicación venezolanos habrían transmitido un total de 1.923 cadenas presidenciales, equivalentes a 1.252 horas y 41 minutos, o lo que es igual, a 52 días no interrumpidos de emisión de mensajes del mandatario", detalla el informe. Tales cifras no incluyen la transmisión de los programas "Aló Presidente", los diez minutos diarios para mensajes gubernamentales impuestos por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, ni la publicidad oficial habitual de televisión, agrega el documento.

Según Botero, otro de los problemas es el aumento de agresiones y amenazas de grupos criminales contra periodistas críticos del gobierno. "Incluso una banda criminal llegó a calificar públicamente a un director de un medio de objetivo militar. Esto no es un tema menor. Acá estamos hablando de amenazas serias contra la vida de personas que tienen todo el derecho a pensar distinto y que merecen la más amplia protección del Estado", dijo.