Mañana es el día D para la democracia de nuestro país: comenzará a definirse si la Argentina seguirá teniendo jueces que defiendan a los ciudadanos ante el avasallamiento del poder político y del Estado, o se le dará a la presidenta Cristina Fernández el ejercicio de la suma del poder público, para garantizar la impunidad, mientras dure su mandato.

Concretamente, está previsto que durante esa jornada, en las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, el oficialismo intente convertir en ley los proyectos que forman parte del paquete de la reforma judicial, una serie de medidas destinadas a crear los mecanismos para designar jueces amigos del poder, correr a los magistrados independientes y reducir al mínimo la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar medidas cautelares.

Esta situación reviste vital importancia en momentos en que el gobierno kirchnerista vienen esquilmando todas las cajas del Estado. De ahí que no son pocos los que advierten que, ante la agudización de la crisis, el kirchnerismo termine metiendo la mano en los depósitos bancarios y/o en las cajas fuertes de las entidades bancarias.

Ante esta situación, la gente que busque preservar sus ahorros, de la voracidad del Estado, se encontraría mas indefensos que en la crisis de 2001. ¿El motivo? Los ciudadanos no podría recurrir a medidas cautelares para proteger su patrimonio ni su propiedad, tal como lo hicieron durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

La limitación de este instrumento jurídico es una medida propia de dictaduras. De hecho, un plan muy similar instrumentó Juan Carlos Onganía, que encabezo un gobierno de facto desde 1966 a 1970 (ver aparte).

Ante esta situación, miles de ciudadanos, miembros de organizaciones civiles sin fines de lucro y partidos de la oposición están convocando al congreso para impedir que se conviertan en ley los distintos proyectos K que atentan contra la independencia del poder judicial.

“Los legisladores que sancionen esas iniciativas, que le permitirá a la Presidenta tener la suma del poder público, están cometiendo traición a la Patria, violando lo que establece el articulo 29 de la Constitución Nacional”, le dijo a Hoy el profesor titular de la cátedra derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, Félix Loñ.

El mencionado articulo establece que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Ante esta situación, Loñ también calificó como “régimen” al gobierno de Cristina Fernández, al considerar que “es­tá adquiriendo ca­da vez más rasgos au­toritaritarios”.

“Un gobierno que sistemáticamente se niega a cumplir con los fallos judiciales que le son adversos, es un régimen. Y no hablo de casos aislados, es algo que se dio por ejemplo cuando el kirchnerismo se negó a restituir al Procurador de Santa Cruz, tal como lo había establecido la Corte; se negó a reconocer la movilidad jubilatoria tal y como lo estableció el máximo tribunal; y desoye la infinidad de fallos judiciales que ordena ajustar los haberes de los jubilados”, dijo Loñ.

El especialista de Derecho Constitucional confió en que, una vez que sea sancionada la reforma judicial, la Corte pueda llegar a declararla inconstitucional. “Acá no hay conflicto de poderes que valga, como pretenden plantear hacer creer algunos. La Constitución establece que es la Corte la que interpreta la carta magna, y como tal tendrá la última palabra”, concluyó.

EN FOCO

La tiranía K

Resulta cada vez más evidente que Cristina Fernández recurre a las herramientas jurídicas propias de las tiranías y de los gobiernos dictatoriales para concentrar el poder y blindarse ante la posibilidad de que ella y su círculo de aplaudidores, cuando dejen de saborear las mieles del poder, terminen tras las rejas.

Este tipo de estrategia es propia de una mente retrógrada y obtusa, que ni siquiera le permite a la primera mandataria ver más allá de sus propias narices. Por momentos, la Presidenta parece creerse la falacia de su propio relato, repetido ante el hartazgo por los imberbes de La Cámpora, que hablan como si estuviesen llevando a cabo una “revolución” de escritorio.

Seguramente, en sus juveniles años, hace ya mucho tiempo, Cristina alguna vez buscó alimentar su espíritu pseudo revolucionario ojeando algún libro de Marx y Engels, quienes en el siglo XIX pensaron como lograr una sociedad sin clases, donde reine la igualdad y se pongan fin a la explotación del hombre por el hombre.

El problema para la Presidenta es que se quedó en el tiempo. El muro de Berlín cayó hace mas de 20 años, la Unión Soviética ya no existe y, además, los kirchneristas están haciendo todo al revés de lo que proponía el propio Marx, quien claramente planteó que una sociedad donde todos seamos iguales solamente iba ser posible cuando se hayan desarrollado al máximo los medios de producción. Esto, en la Argentina de la última década, no ocurrió y por eso no hay riqueza que compartir. Por el contrario, pese a que tuvimos casi una década de crecimiento macroeconómico, no se modificó en lo más mínimo la pobreza y la miseria estructural.

Los Kirchner hicieron todo lo contrario a la doctrina de Perón y Evita, quienes entendieron que el país solo podía salir adelante con producción y empleo genuino, aumentando la riqueza para que los obreros, gracias a su propio esfuerzo, lograran mejorar sus condiciones materiales de existencia. Y así fue como, hace 60 años, se constituyó la clase media más importante del continente, que luego fue pulverizada por las políticas económicas de Martínez de Hoz, Menem y los K.

Nuestro país, en pleno siglo XXI, ha retrocedido de forma escandalosa y está en una etapa pre-capitalista, con una industria reducida a su mínima expresión. Está todo por hacerse. De ahí que exista un grado de corrupción que hasta haría templar a los dictadores de las repúblicas bananeras, que supieron enriquecerse a costa del hambre de su propio pueblo.

La corrupción existe en todas las naciones del mundo. La diferencia es que en los países desarrollados, la magnitud de lo que se roban aquellos que tienen guante blanco, no modifica la ecuación económica de la gente. En cambio, en la Argentina gobernada por los Kirchner, los miles y miles de millones de dólares, que se fugaron en infames negociados, podrían haber servido para cambiar la historia. Ahora estamos pagando las consecuencias.