Luego de que la Secretaría de Planeamiento del municipio anunciara quedenunciará penalmente a los propietarios de un chalet patrimonial de avenida Libertad al 3400 por haberlo demolido de forma clandestina, la Defensoría del Pueblo explicó que seguirá los mismos pasos. Desde los Colegios de Arquitectos y Técnicos manifestaron su rechazo y preocupación ante la destrucción del patrimonio histórico de Mar del Plata.

Repudio y reclamos

Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX manifestaron preocupación y rechazo ante la reciente demolición del inmueble Chalet Grattarola, comprendido dentro del Código de Preservación Patrimonial del Partido de General Pueyrredon, en el cual la intervención municipal no logró detener un proceso clandestino de destrucción del patrimonio, que además implica el incumplimiento de todas las normas establecidas para la realización de obras.

“Adherimos a la decisión de las autoridades municipales de recurrir a la justicia denunciando el hecho y la aplicación de las más severas multas a los responsables del inmueble y ejecutores de la demolición del Chalet Grattarola”, indicaron desde la institución en un comunicado de prensa.

A su vez, remarcaron: “El Partido de General Pueyrredon ha sido pionero en la creación de un Código de Preservación Patrimonial, allá por mediados de la década del ’90, acción que luego ha sido replicada en muchos otros municipios de la Provincia de Buenos Aires y recientemente en el de General Madariaga. Sin embargo, desde la sanción de la Ordenanza nº 10075 y su modificatoria la nº 19960, poco se ha avanzado en delinear políticas públicas que genuinamente logren la preservación de valores identitarios que caractericen a nuestra ciudad.  A partir de ello, la creación de otros instrumentos de gestión que permitan concretar la  preservación de la arquitectura, los espacios públicos, su forestación y por supuesto la dimensión cultural de nuestra sociedad, entre otros aspectos”.

Además, los arquitectos reiteraron las siguientes necesidades: 

-Determinar, en vistas del inicio de las gestiones para la reformulación del Código de Ordenamiento Territorial, áreas de protección patrimonial en la búsqueda de establecer normas que regulen al conjunto y no solamente a la parcela donde pudiera existir un bien valorado como patrimonio arquitectónico.

-Elaborar la instrumentación de herramientas de gestión urbana tendientes a la preservación dotando de recursos concretos que hagan efectiva la protección del patrimonio urbano- arquitectónico, tanto para la restricción del uso al titular del dominio como la compensación por dicha restricción.

-Jerarquizar el Área de Preservación Patrimonial en el organigrama municipal, otorgándole el rango jerárquico y atribuciones de Dirección, a la vez de requerir una intervención de mayor relevancia en la emisión de dictámenes y el trabajo articulado con la Comisión Honoraria del Patrimonio.

-Realizar una revisión y actualización de la Ordenanza Nº 10075 y el listado de bienes alcanzados por el régimen que ésta establece.

-Considerar y promover propuestas que efectivamente incluyan la preservación de bienes patrimoniales propiciando la protección de nuestro patrimonio desde la gestión privada, además de las iniciativas públicas en la materia.

A renglón seguido, los arquitectos subrayaron que “vale destacar la labor que muchas instituciones de la ciudad, del Estado y no Gubernamentales, entre ellas los Colegios Profesionales, realizan permanentemente en la difusión de los valores patrimoniales de las ciudades de la región. La educación y la comunicación siguen siendo los principales pilares de una política de preservación patrimonial y, en ese sentido, el Estado en todos sus niveles debe gestionar conjuntamente con asociaciones, colegiaciones, instituciones del ámbito académico y medios de comunicación para fortalecer las acciones que desde ese ámbito se impulsan”.

A continuación, detallaron que “el caso particular del Chalet ubicado en la Avenida Libertad 3459, residencia de Delfina B. de Grattarola, construida en 1932, merece además de las acciones ya iniciadas por la Municipalidad el análisis de medidas que, además de penalizar el accionar, permitan restituirle a la comunidad el daño ocasionado”.

“Queremos destacar la importancia de la presentación que la municipalidad de General Pueyrredon ha realizado ante la Justicia, a los efectos de penalizar el accionar clandestino y antirreglamentario que en este caso particular afecta a un bien patrimonial,  y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon a dicha presentación. Reiteramos nuestro compromiso Institucional para continuar participando de los ámbitos formales donde se debatan temas que son sensibles a la comunidad en general y, por supuesto, a los profesionales de la arquitectura que nuestro Colegio agremia”, finalizaron desde el Colegio de Arquitectos.

“El estado municipal tiene la obligación de cumplir un rol protagónico”

Por su parte, el titular del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V, Diego Peláez, explicó la fuerte preocupación por el hecho acontecido en la avenida Libertad al 3400 referente a la demolición sin permiso de la vivienda que se encontraba encuadrada en la Ordenanza 10.075 de “Preservación Patrimonial”.

En ese sentido, Peláez destacó el accionar de la Municipalidad y avaló puntualmente la decisión del secretario de Planeamiento Urbano, Arq. José Luis Castorina, de impulsar la denuncia penal correspondiente ante el hecho acontecido. 

“Creemos que ante este tipo de acciones, el estado municipal tiene la obligación de cumplir un rol protagónico, como así también establecer mecanismos que terminen de una vez por todas con este tipo de especulaciones, y en ese sentido el municipio está obrando de manera correcta”, subrayó.

En este caso puntual la comuna había clausurado las tareas de demolición, había realizado los actos administrativos correspondientes,  pero la demolición se ejecutó casi en su totalidad generando un daño arquitectónico irreparable. 

“No podemos pretender que la Municipalidad ponga un inspector permanente  en cada chalet patrimonial, creo que todos debemos tener un compromiso ciudadano mayor y cumplir con la normativa vigente, y en caso que no suceda el “estado debe obrar en consecuencia con lo normado”, dijo Peláez. “El derecho a la preservación del patrimonio cultural es un derecho colectivo, por ello creemos oportuno se realice la denuncia judicial correspondiente, como así también hacerle saber a la ciudadanía en general que nuestro Colegio repudia este tipo de hechos”, concluyó.