Alguna circular estableció una serie de pautas para morigerar el impacto de la modalidad sobre los sectores más desprotegidos, que se encontraron de pronto “en riesgo de perder su propiedad”, según confiaron ayer a La Prensa Federal jubilados que deambulaban por el Centro Cívico.

La norma tenía en cuenta, entre otros aspectos, que el honorario debía respetar idéntica cantidad de cuotas que el plan de facilidades otorgado por el Estado y estableciendo excepciones al pago para quienes no alcanzaren determinado monto de ingresos. Pero la realidad es bien diferente. La sola recepción de una nota de apremio implica para quienes disponen de una única propiedad, un problema de tal magnitud que terminan dependiendo de la buena voluntad del colegiado.

Lo que es y lo que parece

Consultado por este medio, un jubilado que rogó no ser identificado, dijo haber sido citado en el Centro Cívico por un profesional que se desempeña en la Municipalidad, con el fin de arreglar su situación. La modalidad, ciertamente cuestionable, confunde de tal forma a la gente que no sabe al final si le debe a la comuna o a la provincia y en la desesperación accede a pagar un canon que podría financiar o directamente evitar.

Por otra parte, crecen las dudas pues si la cuestión se encuentra ya en vía judicial, debiera ser un magistrado quien fije finalmente el honorario. Como se trata de la zona limítrofe entre ambas mitades de la biblioteca, el hilo termina cortándose por lo más delgado.

Lo que fuera establecido como beneficio, de modo que quien no pudo pagar su contribución pueda hacerlo en cuotas, termina en una gravosa carga sin mayores beneficios para el Estado y mucho menos para los contribuyentes.