La entidad sostiene que estos aumentos carecen de validez, oportunidad y conveniencia, y se suma al reclamo de usuarios y organizaciones sociales, gremiales, sociedades de fomento y políticas que reclaman por su anulación.

Si bien la entidad está de acuerdo con la decisión del Gobierno de terminar con los subsidios a las generadoras, rechaza el traslado de estos montos a través de las distribuidoras a la totalidad de los usuarios.

Estos aumentos resultan arbitrarios e injustificados, además de desmedidos, con picos de hasta el 76 por ciento para Pymes, a lo que se suman impuestos por un 40 % atribuidos en su momento a obras que nunca se han llevado a cabo.

Ante la actual coyuntura con caídas en las ventas y merma en la producción, estos aumentos agravan la situación de las Pymes que se ven perjudicadas a favor de grandes empresas, las que han obtenido ganancias extraordinarias y en general no han cumplido con los compromisos asumidos.

El Estado, a través de sus organismos competentes, debe preservar los derechos de los consumidores y de los sectores productivos mayoritarios (trabajadores y Pymes), ejerciendo el Poder de Policía en el marco de las facultades que la Administración Pública le confiere para exigir el fiel y acabado cumplimiento de los contratos de concesión correspondientes.

No es justo que quienes realizan los mayores esfuerzos para dinamizar la economía y han llevado la peor parte en las crisis deban pagar por los sectores que han abusado de sus privilegios a partir de las privatizaciones y la persistencia de un sistema tan poco solidario como altamente ineficaz, que concibe como mercancías los recursosenergéticos de la Nación”.