Según Bruselas, Grecia ha hecho buenos progresos en las medidas de saneamiento y reformas requeridas como condición para continuar recibiendo ayudas financieras. Pero más allá de la ayuda financiera, el descontento social se agudiza tras el intento del gobierno de avasallar el derecho de huelga de los profesores de secundaria, que terminó provocando una ola de paros y manifestaciones y una medida de fuerza en el sector público en solidaridad con los docentes.

Para impedir el reclamo del sector educativo, el Ejecutivo adujo que no se podía ejercer el derecho de huelga en la época de los exámenes de ingreso a la universidad y decretó la movilización forzosa de los trabajadores de la educación bajo amenaza de arresto. En respuesta, la federación de sindicatos de funcionarios (Adedy) convocó para hoy una huelga de 24 horas en el sector público y, junto a la confederación de sindicatos de trabajadores del sector privado (GSEE), llevará a cabo un paro laboral de tres horas el miércoles. Ambos días habrá además movilizaciones callejeras, pero ya ayer miles de griegos salieron en manifestación por la capital, Atenas, y otras ciudades.

“No se puede garantizar la ley y el orden mediante un estado de emergencia continuo”, consideró Alexis Tsipras, líder de la principal fuerza de oposición, la izquierdista Syriza, quien además criticó que la primera víctima del memorándum de rescate haya sido la democracia. La indignación creció porque el decreto ordena el arresto de los profesores que no asistan a clases a partir de mañana al mediodía, y se tomó antes aun de que la conducción del sindicato de profesores (OLME) la aprobase y presentase a ratificación en asamblea a las bases. La decisión provocó quejas incluso de simpatizantes del partido gobernante Nueva Democracia (ND), de Antonis Samaras. El hasta ahora militante de ND Nikos Papajristos, expulsado del partido por apoyar el paro, consideró que el gobierno fue demasiado lejos porque la huelga aún no había sido votada. “Samaras gobierna a golpe de decreto, ya no respeta ni la Constitución, que recoge el derecho a huelga. Estamos en una ‘dictablanda’”, denunció otro profesor, manifestante en la plaza Syntagma de Atenas. Los griegos asocian el intento de criminalizar las protestas y desactivar las huelgas como consecuencia del rescate de la Troika y la batería de reformas que sólo pueden concretarse a costa de un alto costo social.