La disputa por acceder a las casas del Barrio Judicial II, protagonizada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ), que conduce Ada Altuve, y la "comisión de vecinos autoconvocados", sigue sumando nuevos capítulos. Personas inscriptas para la adjudicación de las viviendas y que responden al sindicato aseguraron ser "víctimas de amenazas e improperios" por parte de los autoconvocados quienes días atrás denunciaron una presunta sobreventa de las casas y advirtieron que llevarán el tema a la Justicia. En un comunicado, que lleva la firma de Fernando Concino Figueroa, Soledad Catasús y Gabriela Azaga, desde el sector vinculado a Altuve apuntaron contra Eduardo Sánchez Dumas, vocero de los autoconvocados. "Vemos con suma preocupación las oscuras intenciones de Sánchez Dumas y su pequeño grupo en impulsar a cualquier precio la judicialización del tema con argumentos infundados que no tienen veracidad alguna", expresaron y agregaron que "estos actos de difamación, injuria y daño moral responden exclusivamente a la interna gremial, donde cada día se evidencia quién está detrás de todo esto".

Además, acusaron al otro sector de utilizar "mecanismos extorsivos” y afirmaron que Sánchez Dumas les profirió "amenazas e improperios en forma escrita y personal, en momentos en que con su grupo intentaron usurpar, hace dos semanas, el barrio nuevamente, instigando a 'volver a casa de Altuve para otro atentado a su propiedad'". Finalmente, Figueroa, Catasús y Azaga dijeron que "cada día se desenmascara lo que viene confabulando y haciendo este pequeño grupo y a quiénes responden. A nosotros, como postulantes, sólo nos interesa la finalización de la tarea de elaboración de las carpetas y su evaluación socioeconómica para poder acceder a una vivienda", concluyeron.