Víctima es la persona que padece física, psíquica o socialmente por culpa ajena o, como el caso que nos ocupa, por algún tipo de delito causado en su perjuicio. Precisamente para el Código Procesal Penal de Mendoza, se considera a la víctima como la persona ofendida por un delito de acción pública y le otorga derechos como el de recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades, como intervenir en el proceso y ser informado del estado de la causa y la situación del imputado, además de obtener la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia.

Bajo esa premisa y por acordada del Poder Judicial de Mendoza se dispuso la creación de una dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Fue una idea propuesta por el ministro de la Suprema Corte, Omar Palermo y está en funcionamiento desde el pasado 20 de agosto en una oficina del 2° piso -ala norte- del Palacio de Justicia y es única a nivel nacional.

Lo pasado

Hasta no hace muchos las víctimas de delitos (o testigos en juicios) llegaban a compartir en los pasillos esperas y bancos, junto a familiares de los imputados, previo a un debate por horas y muchas veces durante varios días.

Y no fueron pocas las veces que a las crónicas propias de tribunales se le sumaban estos conflictos de insultos de aquellos contra éstos y que terminaban en agresiones, corridas y la obligada intervención de personal policial para calmar los ánimos.

Hoy esa practica dio paso a otra ordenamiento que demuestra la transformación que busca desde hace décadas nuestro Poder Judicial.

Para lograr este cometido en beneficio de las víctimas de delito el Poder Judicial cuenta con un cuerpo auxiliar interdisciplinario que está integrado por profesionales de las ciencias de la salud y sociales que tienen a su cargo la atención de las víctimas (o testigos) que podrán ser derivadas desde las mesas de Atención, de las oficinas fiscales del ministerio Público y de los organismos gubernamentales o privados o de todas aquellas personas que se presenten, en forma espontánea, para ser asistidas en el servicio de víctimas y testigos.

Las víctimas y sus derechos

Según lo informado las víctimas de violencia de género o familiar, tienen derecho a: recibir una trato humanizado, evitando la revictimización. También deberá recibir la información y el asesoramiento gratuito.

Principalmente estas personas deben tener una protección judicial urgente y preventiva cuando pesen sobre ellos amenazas o se comprueben que sus derechos han sido vulnerados. Y además de la protección de la intimidad, lo que se traduce en una confidencialidad de las actuaciones, se destaca la necesidad de estar "acompañada" en cualquier instancia del proceso.

En las bases de este programa se destaca además que los niños y adolescentes deberán ser escuchados y estar acompañados por personas de su confianza, además de ser asistidos por especialistas calificados y por letrados.

Los testigos

Tanto el fiscal a cargo de una investigación o el Tribunal (en casos de juicios) pueden disponer la citación de personas, en calidad de testigos para que declaren sobre los hechos que se investigan. Y aquí vale destacar que es obligatorio acudir al llamado de un juez el día y la hora fijada.

Ahora esta oficina ofrece atención personalizada a los testigos citados, a los que se aconseja no entrar en relación con otras personas citadas para el mismo juicio.

También se asesorará a los convocados sobre que el falso testimonio es penado por la ley.

Finalmente cabe destacar que en los debates penales los relatores de cada una de las cámaras comunicarán al servicio de atención a víctimas y testigos la realización de las diferentes audiencias relevantes, para que el personal tome contacto con estos para brindarle información sobre sus derechos, además de ofrecer el acceso a diferentes servicios como sala de espera y la factibilidad de tener comunicación vía teléfono o Internet.

Esta oficina busca -desde su creación- la protección de los derechos de las víctimas, imputados y todas las personas que intervengan en procesos judicial de los Tribunales de la Provincia y es un sistema único en el país.